VALÈNCIA. El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves la creación de la oficina 'Nueva Generación UE' para presentar proyectos valencianos al fondo europeo de reconstrucción, con el objetivo de una Comunitat "verde, digital y protectora del XXI". Proyectos dirigidos sobre todo a los jóvenes para que "no vuelvan a salir heridos" de esta crisis.
Para conseguirlo, el Consell contará con los tres pactos de reconstrucción: la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, la institucional con diputaciones y ayuntamientos y la de Les Corts. La oficina estará compuesta por una comisión interdepartamental, un foro con ayuntamientos y un grupo de consulta con emprendedores y expertos.
En el último pleno antes de vacaciones en la cámara, Puig se ha comprometido a escuchar todas las voces para aprovechar "al máximo el nuevo fondo, una gran oportunidad para la UE, España y la Comunitat". Ha pedido cogobernanza "allí y aquí" y ha mostrado su confianza en que el gobierno de Pedro Sánchez presente su plan de reformas antes del 15 de octubre.
"Nos estamos jugando nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos", ha exclamado, un futuro basado en la transición ecológica, la digitalización, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial. Pero ha exigido que los gobiernos regionales tengan voz porque "ya no sirve eso de que inventen ellos", en alusión a Europa.
Como punto de partida, las líneas estratégicas por las que apuesta la Generalitat son: seguridad sanitaria, con impulso de atención primaria y refuerzo de equipos para estar más protegidos; empleabilidad, con pymes más competitivas y un refuerzo a la Formación Profesional con 8.000 plazas más; una educación más innovadora; infraestructuras digitales como 5G, banda ancha o wifi gratuito, o convocatorias específicas de ciencia e I+D+i.
Los otros cinco ejes son la sostenibilidad, mediante la descarbonización de todos los sectores, una apuesta decidida por la energía limpia y más rehabilitación de edificios; la justicia social con un "combate total contra la pobreza"; una administración más eficiente que no "bloquee" a los emprendedores; el reequilibrio territorial para corregir la despoblación y potenciar la agricultura, e infraestructuras que permitan diversificar la producción como el Corredor Mediterráneo, "más necesario que nunca".
El objetivo es dar un salto hacia la transformación del modelo productivo, desarrollar el pacto verde para una Comunitat con neutralidad climática en 2050 y un refuerzo del sistema público de salud con reservas estratégicas. "Antes eran cambios necesarios, ahora son imprescindibles", ha aseverado Puig, porque "ha llegado la hora de levantarnos tras un virus que nos ha tumbado".
Citando a Obama, ha llamado a "recobrar la fe en el progreso y el futuro" tras un plan europeo que marca un antes y un después y a no caer en el discurso derrotista para enviar un mensaje de máxima unidad a España y a la UE. Porque "no caben tácticas partidistas ni gritos", ha avisado recordando el 75 aniversario de Hiroshima y cómo Europa es capaz de renacer de sus cenizas.
En clave política, el 'president' ha recordado que ya pidió un nuevo plan Marshall el 12 de marzo y en la primera conferencia de presidentes un día después del estado de alarma, además de dirigirse a los 330 líderes regionales de la UE para "presionar conjuntamente". "El endeudamiento común constituye el paso más importante hacia los 'Estados Unidos de Europa", ha augurado.
Ante el pacto político de reconstrucción que se aprueba este miércoles, ha agradecido la voluntad de los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y a los de la oposición (PP y Cs) salvo Vox, al que ha lamentado que "se aleje de un encuentro casi unánime". Este acuerdo, ha prometido, "no es el programa de un partido o un gobierno, es el mandato de nuestro pueblo".
Entre la oposición, el PP ve "falta de ambición" en Puig y cree que tanto él como Sánchez deberían leer a Churchill porque "cuando los políticos no tienen capacidad, crean comisiones". Como "mujer de acción", su portavoz, Isabel Bonig, le ha instado a exigir al "césar Sánchez" que las autonomías participen del reparto "sin que Cataluña y País Vasco se lo queden todo" y a nombrar un comisionado independiente, así como que "si tanto le preocupan los jóvenes, que empiece por los MIR".
Toni Cantó (Cs) ha reprochado a Puig su "faena de aliño como dicen los taurinos" en un discurso del que esperaba más energía, verdad y concreción y en el que ve las mismas promesas de los últimos meses y "un nuevo chiringuito". También ha lamentado que no haya hablado "un poquito más de sanidad" y que no haya un plan específico para el turismo, sumado a que "Pedro Sánchez dijo que será él personalmente quien hará el reparto".
En la misma línea, Vox rechaza este "mitin vacacional" y vuelve a denunciar que el Botànic II trata de "imponer su hoja de ruta" en el acuerdo. "Vox no está acabado, no vamos a ser cómplices de esto", ha subrayado su síndica, Ana Vega, augurando que habrá ciudadanos de primera y segunda.
Ximo Puig, en su réplica, ha confiado en que el reparto será equitativo y ha destacado que el modelo que plantea Alemania es el que "convence más", por lo que ha coincidido con el PP en tener la "máxima capacidad" de gestión.
También ha remarcado que la nueva oficina no supondrá más gasto, ha rechazado la visión catastrofista de Vox, ha recalcado a Cantó que que "la Comunitat es europeísta desde siempre y tiene que estar más contenta que triste" y ha asegurado que fue "el único" presidente autonómico que puso la financiación sobre la mesa en la conferencia de la semana pasada con Sánchez.
Del resto del Botànic, Compromís ve insuficiente el pacto europeo, solo "un primer paso", y urge a no repetir los errores de las últimas crisis para que no pierdan siempre los mismos y a sacar pecho de las fortalezas de la Comunitat. "No queremos ser la playa de Madrid ni el botellón de Europa", ha reivindicado su portavoz, Fran Ferri. Podem también llama a renovar el proyecto europeo para tejer un escudo social robusto y sostenible, destacando que "España va en la dirección correcta".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal