ALICANTE (EP). El empresario ilicitano Ramón Salvador, acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en el caso Brugal, en la pieza relativa al presunto amaño del PGOU de Alicante, ha llegado a un acuerdo de conformidad mediante el cual acepta una pena de tres meses de prisión por haber negociado la recalificación de terrenos con Francisco Javier Gutiérrez -abogado urbanista y entonces colaborador en la redacción del Plan General de Alicante-, y José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
El acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular, que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y EUPV, respectivamente, le supondría al promotor una rebaja de cerca de cuatro años de prisión de la pena más alta solicitada, según ha podido saber Europa Press.
Está previsto que el juicio sobre el presunto amaño del PGOU de Alicante para favorecer al empresario Enrique Ortiz, siente en el banquillo, a partir del 30 de junio de este año, a los exalcaldes 'populares' de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, por presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, delitos por lo que les piden a ambos 10 años de prisión. A Enrique Ortiz se le juzgará por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, tráfico de influencias, cohecho y fraude, por los que le solicitan 8 años de cárcel.
Las acusaciones piden, tras el acuerdo de conformidad al que ha llegado Ramón Salvador por el delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, por presuntamente haber negociado la recalificación de sus terrenos en el Pla de Xirau, una pena de prisión de tres meses, que quedará en suspenso durante 2 años; una multa de 14.500 euros y una indemnización al Ayuntamiento de Alicante, por responsabilidad civil de la misma cuantía. Además, "se le exime de cualquier otra responsabilidad civil, dada su escasa participación en el conjunto de los hechos", apuntan las mismas fuentes.
El escrito de Fiscal Anticorrupción, ahora asumido por Ramón Salvador, relata que el empresario ilicitano gestionó, junto a los también acusados en la causa, Francisco Javier Gutiérrez, abogado urbanista y entonces colaborador en la redacción del Plan General de Alicante y José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y a través de la empresa Salvetti Abogados y Consultores, la alegaciones para que las fincas ubicadas en el Pla de Xirau recuperaran la clasificación de urbanizables, ya que habían sido reclasificadas en la revisión del PGOU, 78 realizada por el arquitecto urbanista Jesús Quesada.
La mercantil especializada en asesorar contactos y negociaciones con la Administración Pública presentó las alegaciones durante la primera exposición pública -el 19 del 12 de 2008-, para que fuera mantenida la "clasificación y calificación" como urbanos de los terrenos de Pla de Xirau -clave SR- en el PGMO 87. El empresario admite con este acuerdo de conformidad que las gestiones se llevaron a cabo a cambio de una remuneración de 100.000 euros más IVA (16.000 euros), más unos "honorarios de éxito" que se harían efectivos una vez que las fincas fueran consideradas nuevamente "suelo urbano", en el Plan General.
La alegación fue estimada y el pago de los servicios contratados a Salvetti Abogados, se realizó mediante dos ingresos de 58.000 euros cada uno en 2009, a través de las mercantiles de la matriz Imagen Valenciana, S.L. de Ramón Salvador: Residencia Mira Llevant, S.A. y Artunduaga Gestión Urbanística S.L.
Así, el Plan General aprobado provisionalmente primero en abril de 2009 y, posteriormente, en mayo de 2010, contempla los terrenos de la unidad de ejecución Pla de Xirau del empresario como Suelo Urbano, sujeto a Actuación Integrada (UBA), con ficha de planeamiento "UBA-37 Pla de Xiaru". Los terrenos recalificados están ubicados en el límite entre Alicante y San Vicente del Raspeig, a la altura de la autovía que une Alicante y Castalla a su paso por San Vicente.
Tras la firma del acta de comparecencia, el letrado de la administración de justicia dará traslado al Tribunal de la Sección Tercera compuesto por las magistradas Montserrat Navarro como ponente, Cristina Escoda y Margarita Esquivá, para que dicte la resolución.
