Los alcaldes (de espaldas) con Isabel González, Encarna Llinares y el comisionado de Sanidad, Juan Puig. Foto: APDÉNIA. La Generalitat ha metido la directa en el rescate de la concesión sanitaria de la Marina Alta. Un compromiso que el president, Ximo Puig, reafirmó hace unos días en el debate de Política General de la Comunitat: el rescate fue uno de sus 21 anuncios.
Por este motivo, la Conselleria de Sanitat mantuvo ayer un encuentro con la Xarxa d'Alcaldes de la Marina Alta, un órgano en el que participan todos los primeros ediles de la comarca, pero a la que no acudieron los representantes de los dos municipios más grandes gobernados por el PP (Teulada y Calp). Fue la directora general de Alta Inspección Sanitaria, Isabel González, la responsable de dar detalles a los alcaldes de los diferentes pasos sobre cómo se podría producir el rescate de la concesión, un proceso que puede pasar por la revisión milimétrica de lcontrato que mantiene la Generalitat con Marina Salud (empresa cuyo accionista mayoritario es DKV Seguros y Ribera Salud) para comprobar si se ha cumplido todo, de tal manera que se pudiera rescindir en base a posibles incumplimientos.
Esta es la opción más plausible toda vez que la posibilidad de que el Consell adquiera las acciones de la aseguradora DKV en Marina Salud parece desvanecerse debido al pacto entre accionistas que haría que Ribera Salud tuviera el derecho de tanteo en esa hipotética compra.
Por ahora, según explicó la directora general, la Conselleria va a realizar "una serie de visitas a todos los centros de salud" de la Marina Alta, con el fin de "valorar las necesidades en infraestructuras" y así el Consell "se podrá hacer una idea de cuál es la situación". González reconoció que no tienen información, ya que la concesionaria "es la responsable del mantenimiento de las infraestructuras, del personal y de la gestión".
A preguntas de los medios, la directora general de Alta Inspección Sanitaria reconoció que tienen que "hacer lo que no se ha hecho en los últimos años", que es "controlar las concesiones", y afirmó que en los últimos años "no ha habido un control serio a estas empresas, pese a que la responsabilidad de la administración es controlar que los pacientes reciben una atención de calidad".
En este sentido añadió que "es un modelo creado por el PP, que estaba muy de acuerdo con él y que lo ciudaba para que tuviera éxito, por ello lo controlaba poco ya que así el éxito está asegurado". Y remachó: "en el momento en que tu lo controlas salen a la luz todas las deficiencias".
Estas visitas comenzarán en los centros de atención primaria repartidos por toda la comarca, que son-explicó la directora territorial de Sanidad, Encarna Llinares- "la puerta de entrada al sistema sanitario de los vecinos". Unos vecinos que según afirmó no buscan a la concesionaria cuando ven una deficiencia, sino que van a hablar con su alcalde o el concejal de Sanidad. Por este motivo, Llinares expuso que estos cargos "en el momento que detecten cualquier carencia, deben trasladarla al comisionado o a la Conselleria para poner en marcha todos los mecanismos que la legislación nos permite para resolverlo".
Uno de los aspectos que podría salir a la luz con estas visitas, son las deficiencias que tienen los centros de salud de la comarca. A este respecto la directora general dijo que "la concesión por contrato tiene que realizar una serie de inversiones y tiene que tener los centros de salud adecuados a la normativa". En concreto, se refirió al de Pedreguer y aseguró que "si para prestar la atención sanitaria tiene que haber en el centro de salud un baño para personas con movilidad reducida, pues tiene que tenerlo. Si tiene que tener puertas más grandes para que quepa la silla también, y si hay que colocar un ascensor para que se puede acceder a la segunda planta". Son cuestiones -remarcó- que la concesión tiene que ajustar ala normativa legal.
Estas visitas constituyen un primer paso del rescate, que la Generalitat quiere tener bien atado y que como subrayó la directora general, es un compromiso del jefe del Consell que "marca la política que se va a llevar y nosotros -los técnicos de Conselleria- tenemos que ponerlo en marcha". En una clara alusión al papel que en este asunto ha tomado Puig y en el que la Conselleria parece al margen en la parte de comunicación al público de los pasos que van tomando.
