Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. La situación de Gemelos 28 de Benidorm no pasa por su mejor momento. Según ha podido saber este diario, no hay acuerdo entre las partes y vuelve a planear la demolición. Como se recordará, la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de València había sido el último recurso de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm para buscar una solución menos perjudicial para las arcas públicas.
Sin embargo, esta vía ha acabado fracasando y la Conselleria de Obras Públicas o el Ayuntamiento tendrán que buscar otro planteamiento para actuar sabiendo que hay una sentencia pendiente de ejecutar.
Como contara Alicante Plaza en su momento, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reunió a las partes implicadas en el procedimiento judicial, en cuya sesión se planteó derivarlo a la Corte de Mediación. Una decisión que se terminó aprobando una vez manifestada la posición a favor de todas las partes, entre las que se encontraba el Ayuntamiento de Benidorm.
El escrito del magistrado por aquel entonces reflejaba que donde no hubo consenso fue en la suspensión del curso de actuaciones. Ambas opciones, llevarlo a Mediación y suspender momentáneamente las actuaciones, se estudiaron por parte del juez toda vez que la Generalitat había cumplido con el fallo y viendo el estado de ejecución del mismo: ya habían entregado la propuesta del proyecto de demolición y se había tramitado la consignación presupuestaria para cubrir las indemnizaciones a los vecinos.
Desde entonces, este organismo tenía 60 días para dictar una resolución, que se ha postergado hasta estos días por la suspensión de procesos por el estado de alarma aprobado por el confinamiento.
Con todo, la partida que tiene que hacer frente ahora la Generalitat no es poca porque como se decía, además de los trabajos de demolición, hay que tener en cuenta las indemnizaciones a los propietarios que se quedan sin casa. Calcularon así el coste de la adquisición en su momento de cada piso y le sumaron un 20%: todo ello alcanzó una cuantía de 70.777.302,28 euros.
Como se recordará, la administración autonómica valenciana en 2005 autorizó la construcción del complejo residencial en terrenos que invaden parte de la zona de servidumbre de protección de costas. Motivo por el cual se ha considerada una licencia nula por la Justicia y por consiguiente, reclama su demolición. A pesar de las evidencias, este litigio lo abrió en su momento un vecino del edificio de atrás porque le tapaba las vistas del mar.
La solución prevista ahora perjudica a las arcas de la Generalitat, por lo que se toma de forma cuidadosa. Para ello, han acompañado un estudio sobre el impacto ambiental que pueda tener para el ecosistema del Parque Natural de Serra Gelada que linda con el edificio, tanto por tierra como por mar. Un documento del que no han trascendido detalles y que por otra parte serviría de excusa para ayudar a que el derribo no sea la opción a tomar finalmente.
A pesar de todos los líos judiciales, hay quien ha encontrado negocio últimamente y ha abierto un restaurante en el local comercial del edificio.
