ALICANTE. La Diputación de Alicante ha presentado un recurso al juzgado con el fin de evitar entregar la justificación de las cuentas del grupo Popular en el procedimiento iniciado por Compromís, que se basa en la falta de fiscalización de las mismas. El juzgado había dado previamente la razón a la coalición y había estimado su solicitud de exigir las justificaciones de ingresos de las arcas públicas al partido que rondarían los 500.000 euros, según ha desvelado la coalición en un comunicado.
Después de que el juzgado de lo contencioso-adminsitrativo aceptase la petición de Compromís y solicitase a la diputación que aportara la justificación de las cuentas del partido popular al procedimiento que el grupo inició, la institución ha manifestado su negativa, formalizando recurso al auto judicial:. “Se trata de expedientes tramitados por departamentos distintos y de contenidos distintos y pertenecientes no ya a anualidades distintas, sino incluso a legislaturas diferentes.” Así, pretende evitar la diputación incorporar dentro del procedimiento judicial la justificación de las cuentas del grupo popular reclamadas por el juzgado a instancias de Compromís. Se trata pues, a juicio del grupo denunciante de puro “filibusterismo judicial”, que se enmarca en una estrategia de dilatar y evitar, en definitiva, entregar la justificación de las cuentas del grupo popular. Cabe recordar en este sentido, que el vicepresidente Eduardo Dolón ya firmó una diligencia dirigida a Compromís negando las copias de estas justificaciones por escrito de día 17 de octubre de 2019, que la coalición solicitó. Ante la negativa a acreditar sus ingresos el Partido Popular no demuestra que no usara las cantidades por ejemplo para usos electorales o no permitidos por la ordenanza.
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Desde los servicios jurídicos de Compromís manifiestan su absoluta oposición a esta estrategia judicial, que tiene como único fin el evitar, en definitiva, una correcta fiscalización del destino del dinero público, que se hace, además con la connivencia de algunos técnicos de la casa. No cabe duda alguna que forman parte del mismo expediente, con independencia que este haya dado lugar a diferentes “carpetas y números de referencia”. La negación de entregar las cuentas impide, según la coalición, la formalización de una demanda que pueda reflejar con claridad todos los elementos relevantes al efecto: la diputación evita dar información y de esta forma la redacción de la demanda podría incurrir en errores materiales. Quizá busquen este tipo de error ante la dificultad de mantener la solvencia jurídica de las actuaciones realizadas hasta la fecha – concluyen-.
De esta manera, ya han anunciado que presentarán alegaciones a este recurso y pedirán, además, responsabilidades políticas. Para el grupo Compromís es de todo punto inaceptable que se pretenda desligar la justificación de las cuentas del grupo con el otorgamiento de la dotación económica, máxime cuando se ha exigido por parte de la institución que aquellos importes que no se hubiesen gastado en la anterior legislatura fuesen devueltos compensando lo debido con el importe que correspondería recibir. Es evidente que el hecho de dar una dotación económica está directamente relacionado con que se haya justificado la anterior dotación, de hecho así sucede en todas y cada una de las subvenciones que otorga la diputación, que exige acreditar todos los detalles del gasto subvencionado o, de lo contrario, se pierde este importe.
El portavoz de Compromís en la Diputación Gerard Fullana ha destacado que “han negado acreditar las cuentas a la intervención, al pleno, al resto de grupos políticos y ahora se da un paso más intentando torpedear su entrega a los juzgados. Vamos a alegar su negativa y de las misma forma que conseguimos poner punto y final a las subvenciones a dedo pondremos fin el uso de la diputación como extensión de intereses del Partido Popular”.
