Uno de los imputados en el Fitur de la Diputación ejerce de interventor 'externo' de La Nucía

ALICANTE.  De los cuatro imputados que deberán declarar el próximo mes de marzo, en concreto, el día 16, por la causa del caso Fitur en la Diputación de Alicante, uno de ellos ejerce en la actualidad como interventor externo en el Ayuntamiento de La Nucía. Se trata de Miguel Juan Baldó Such, que fue director económico del Patronato de la Costa Blanca, al igual que Ana Kringe, ex alcaldesa de Dénia. Miguel Juan Baldó está al frente de la empresa Aserbal Tributos SLP, que es la que actualmente factura mensualmente por servicios al Ayuntamiento de La Nucía, presidido por uno de los actuales vicepresidentes de la Diputación, Bernabé Cano. Es más, el pasado mes de abril, finalizó la relación contraactual entre la sociedad y el ayuntamiento, pero el equipo de gobierno decidió prorrogarle el contrato un año más. Miguel Juan Baldó fue trabajador interino del Ayuntamiento de Altea, en la etapa del ripollista Miguel Ortiz, y, durante el mandato entre 2007-2011, que los socialistas se hicieron con el Gobierno local, Baldó pasó a desempeñar funciones en el Patronato Costa Blanca, bajo la dirección de Sebastián Fernández, el diputado de Turismo durante ese periodo.

Miguel Juan Baldó presta servicios para el Ayuntamiento de La Nucía desde 2013, justo cuando el interventor empezó a cuestionar  varias decisiones del primer edil, algunas de las cuales, como pagar las nóminas a los interinos con las oposiciones anuladas, han acabado en el juzgado. Pero, pese a ser externo, tiene encomendadas las funciones de la elaboración del presupuesto municipal y la elaboración de la cuenta general del consistorio; la contabilidad presupuestaria y financiera, la elaboración de las ordenanzas fiscales y la gestión de la tesorería municipal y pagos a proveedores y acreedores.

Los otros dos investigados son los responsables de las empresas, supuestamente, beneficiadas por las contrataciones de la Diputación de Alicante para el diseño y montaje de los stands de Fitur.  Se trata de Mercedes Lasa y Javier Molinos, matrimonio y responsables respectivos de las mercantiles Exporigging y Equipamientos Integrales de Stand Molinos SL, las dos empresas radicadas en el País Vasco, que fueron las beneficiarias de esos contratos. "Habrá más imputados, esto es la punta del iceberg", ha augurado Fullana, quien sostiene que "el actual Partido Popular de la Diputación no puede taparse los ojos ante estas anomalías porque muchos de ellos estaban en esas contrataciones", en referencia a Eduardo Dolón, como concejal y alcalde de Torrevieja.  Sobre la causa judicial referida a este ayuntamientos, archivada por la Fiscalía, como ha avanzado Alicante Plaza, Fullana ha anunciado que el ayuntamiento recurrirá esa decisión, con el objetivo de que las irregularidades denunciadas en esa ciudad acaben en el juzgado, como ha ocurrido en la Diputación.

Además de personarse en la causa, Compromís ha anunciado que solicitará que las tres causas que se han generado ahora, tras la decisión del juez titular del juzgado de Alicante, la de la Diputación, Dénia y Benidorm, se reunifiquen en una misma, ya que consideran que los hechos están entrelazados y conectados. Y es que a petición de la Fiscalía, se han habilitado estas tres causas al considerar que puede haber indicios en las contrataciones realizadas, durante ese mismo periodo, en los ayuntamientos de Benidorm, Altea, Benissa, El Verger y Teulada. 

Otros ayuntamientos que no son del PP

El portavoz de la coalición ha reconocido que entre los contratantes de los servicios de las empresas del comglomerado de Stands Los Molinos puede haber ayuntamientos que no sean del PP, aunque Fullana no ha desvelado ningún nombre. Se ha limitado a decir que los contratos con esas empresas "eran una directriz política que emanaba de la Diputación y que muchos ayuntamientos pagaron por servicios duplicados, que le correspondía asumir directamente al Patronato de la Costa Blanca". "Si querías estar en fitur, tenías que contratar a Los Molinos", ha asegurado Fullana.

Dimisión de Eduardo Dolón

Por otra parte, Compromís también ha reclamado este martes la dimisión del vicepresidente del Patronato de Turismo de la Costa Blanca y diputado provincial del área, Eduardo Dolón, por denegar información en octubre de 2016 referida a las dos empresas investigadas por supuestamente defraudar 3,2 millones de euros.

Además, la coalición ha criticado que Dolón retrasó varios meses la activación de la comisión de investigación que ha llevado al inicio de la investigación. "El objetivo no pudo ser otro que la prescripción de cuantos delitos pudieran haberse llevado a cabo contra la administración pública y que investiga ahora un juez", han opinado desde Compromís en un comunicado.

La coalición ha desvelado la documentación firmada por Dolón en la que deniega el acceso a las 70 facturas de las empresas Exporigging y Stands Molinos. En aquel momento, según Compromís, Dolón consideró que la información que se reclamaba "no se precisa para su labor actual", por lo que la coalición se vio obligada a presentar un recurso para garantizar su derecho a la información.

Para Compromís, "Eduardo Dolón debe asumir de momento su responsabilidad política, más cuando él mismo fue parte, incluso alcalde, de un equipo de Gobierno que ya había contratado con estas empresas. El diputado torrevejense incluso encargó a un funcionario del Patronato de Turismo durante la comisión que escribiera un informe diciendo que la labor de oposición de Compromís estaba alterando el funcionamiento del patronato. Los 'populares' llegaron a amenazar por boca de su portavoz Carlos Castillo con denunciar a los tres diputados por su labor fiscalizadora".

 Además, desde el grupo han lamentado que el PP "con la connivencia del tránsfuga de la Diputación, Fernando Sepulcre (entonces en Ciudadanos), consiguió retrasar durante meses la aprobación y activación de la comisión, creada por el pleno en mayo de 2016 y activada en octubre". "Conviene recordar que el resto de la oposición abandona la comisión, de hecho ni la comienza, al imponer el presidente de la institución, César Sánchez, a Dolón cuando la elegida por votación para dirigir la comisión fue la diputada de Esquerra Unida, Raquel Pérez. A Dolón le impone el PP y ya sabemos por qué, acabó cerrando en falso la comisión", ha continuado Gerard Fullana, de Compromís.