César Sánchez, en la romería de la Santa Faz. Foto RAFA MOLINAALICANTE/CALP. Al alcalde de Calp y presidente de la Diputación, César Sánchez, se le ha acabado el colchón de seguridad política del que gozaba hasta el momento. La denuncia presentada por la Fiscalía, a instancias del testimonio de una operaria municipal por supuesta coacción y prevaricación, le sitúa en una situación incómoda políticamente; él mismo se afana a defender que no prosperará y que detrás está la mano de Compromís, pero lo que no parece evitable es que tenga que pasar por los juzgados para prestar declaración en calidad de investigado, además del desgaste político que se genere. La denuncia aporta documentación que se puede ser comprometedora para el máximo responsable de la institución provincial.
Y Sánchez no sólo va a tener que defenderse de las acusaciones de la Fiscalía, que ya ha remitido la denuncia al juzgado número dos de Dénia, sino que además tendrá a la oposición política, como PSPV y, posiblemente a Compromís, como acusación particular y como perjudicado. Los socialistas ya han confirmado que lo harán y además harán valer que los hechos que denuncia de la trabajadora interina dejaron en inferioridad de condiciones políticas al PSOE durante la campaña electoral de 2015, que es cuando se circunscriben los hechos.
Y es que la base de la denuncia está relacionada en el testimonio de la trabajadora que sostiene que el primer edil la coaccionó para que colaborase en su campaña a la alcaldía en las elecciones municipales de 2015, en las que Sánchez optaba a la reelección.
Otros grupos de la oposición de Calp, como Compromís y Sí se puede Calp, han reclamado "contención" a la ciudadanía y a su militancia ante la denuncia. Por ello, exigen que se respete el derecho a la presunción de inocencia. Pese a estas declaraciones, el propio César Sánchez, que dice que todavía no se le ha notificado nada desde los juzgados, sí que ha mostrado su extrañeza porque fue "un cargo del grupo Compromís quien acompañó a dicha persona a interponer la denuncia". "Me sorprende enormemente que este partido haga un uso político de dicha denuncia", ha manifestado.
Para Sánchez, "esta maniobra viene al hilo de la suspensión del decreto de plurilingüismo, tal y como, se muestra a través de viñetas viralizadas en redes sociales por el grupo Compromís. Confío plenamente en la justicia, ya que en España funciona
Por su parte, la diputada de Esquerra Unida en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, ha asegurado que el presidente de la corporación, el 'popular' César Sánchez, "no está legitimado" para seguir ocupando cargos públicos ni en la Alcaldía de Calpe ni en la institución provincial, tras la denuncia elevada por la Fiscalía de Dénia tras la denuncia de una empleada municipal por un supuesto caso de coacciones y malversación de caudales públicos. En su opinión, no se trata de una "simple denuncia administrativa sino penal, y la Fiscalía es muy prudente en llevar a cabo estas denuncias si no considera que realmente existen indicios firmes para continuar con este proceso".
El diputado de Compromís en el Congreso, el alicantino Ignasi Candela, ha ido más allá y ha reclamado al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que cese tras la denuncia.
Por el momento, la Fiscalía no ha realizado ninguna investigación previa de este asunto al entender que existen indicios claros de delito para remitir el caso a los juzgados, tanto por el testimonio de la empleada como por la documentación que ésta ha aportado con su denuncia.
El escrito del ministerio público, que está fechado el pasado 8 de mayo y al que ha tenido acceso Efe, recoge que la afectada es funcionaria interina del consistorio de Calp y se hace eco de su testimonio.
Según la denunciante, Sánchez se puso en contacto con ella antes de los comicios de 2015, en los que resultó reelegido para la Alcaldía, "con la intención de que colaborase con su jefa de campaña" e "indicándole que tenía que pensar en su hijo". "A partir de ese momento", añade el escrito, la jefa de campaña "se reunió con ella en el ayuntamiento para preparar los discursos del candidato, redactar el programa de la lista, boicot mediático a otros partidos, etc.", continúa la denuncia de la fiscalía.
La trabajadora aporta "diversa prueba documental y testigos" para sostener que Sánchez "dispuso ilícitamente" de su trabajo "atendiendo a su cargo como alcalde, ejerciendo un abuso para hacer campaña electoral". Así, añade la denunciante, no prestó sus "conocimientos profesionales de forma voluntaria en ningún caso" sino a través de "presiones con mi puesto de trabajo bajo la amenaza de perderlo".
La fiscalía reclama en su escrito al juzgado en que recaiga la denuncia que incoe las correspondientes diligencias previas y tome declaración "en calidad de investigado" al alcalde de Calp.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado, por su parte, de que no tienen constancia aún de la apertura de diligencias judiciales relativas a esta denuncia.
