MADRID/VALENCIA (EP). La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este miércoles la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, el pago de responsabilidad civiles por importe de 1.592 millones de euros.
La magistrada sienta en el banquillo al expresidente Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
También serán juzgados por estos mismos delitos el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. En cuando al exdirector general Roberto López Abad la magistrada le acusa en su caso de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Procede, además, contra los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa a los que acusa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Los exdirectivos de la Caja del Mediterráneo y de Bancaja afirman que no era necesaria la intermediación de Olivas en la operación de la venta de la sociedad de los parques eólicos