No es necesario realizar otra PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral tras los siete días de ser positivo por covid-19. En los casos asintomáticos, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico.
Así creía yo mi positivo el pasado 13 de enero tras una PCR, con una prueba de antígenos negativa previa el 10 de enero, sin síntomas, pero, por prudencia y una obligación de protocolos para afrontar la vuelta al trabajo, decidí hacerme la PCR.
He necesitado cuatro PCR para certificar que ya dejaba de ser potencialmente contagiador o infectador del virus. Cuatro PCR y un total de 20 días aislado sin tener síntoma alguno, gracias a Dios. Ya en mi anterior artículo escribía sobre la libre responsabilidad personal de cada uno de nosotros ante la situación, pero vuelvo a tener que reflexionar sobre las indicaciones que nos hacen nuestros gobernantes y que señalaba al principio de este artículo sobre las pautas y recomendaciones a seguir en caso de ser positivo o tener síntomas en coronavirus.
Sexta ola o no -y a la espera de las que vengan-, vemos cómo se nos ha impuesto una serie de restricciones y medidas al antojo del gobernante. Atrás queda la medida del confinamiento total al inicio de la pandemia, el anuncio de las mascarillas, las PCR a unos sí y a otros no, las vacunas por edades, la necesidad de una tercera dosis (pero con un retraso consciente en su aplicación), la despreocupación total en la seguridad de nuestros sanitarios, las restricciones al ocio o un nuevo aislamiento. Eso sí, persiste la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos y el pasaporte COVID-19 que señala a unos frente a otros pero que, recalco, no es sinónimo de inmunidad ni de evitar contagios y mucho menos de libertad.
Recuerdo cuando nació Movimiento Ciudadano con la finalidad de presentar a la sociedad española una propuesta clara de regeneración política y social, que pasase por la recuperación de los valores de ciudadanía, igualdad ante la ley y solidaridad entre los distintos territorios de España. No dudé en ningún momento en adherirme. Íbamos a dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Pasar de la resignación y de la indignación a la acción. Los españoles queríamos y sabíamos que debíamos cambiar el statu quo establecido. El momento había llegado.
Pero la verdad es que nos hemos vuelto a adormecer. O, mejor dicho, hemos dejado poco a poco que el poder político junto a ese cuarto poder ejerciente nos haya anestesiado de tal manera que cualquier atropello de nuestros derechos, el abuso de poder o cualquier vejación injusta en contra de la dignidad humana pasa a un segundo plano en nuestro día a día. Es un sinsentido al que debemos poner remedio. Y no es únicamente por los efectos del covid-19. Pero tal vez, una excusa.
Nuestra sociedad se ha vuelto a romper en dos bandos bien diferenciados y aunque es cierto que dentro de los mismos encontramos sus propias diferencias – y que achacamos más a una polarización ideológica y así poder separar a “los buenos de los malos”, a “los radicales de los sensatos”, “al benévolo del malvado”, “al demócrata del fascista”- no puede significar que libremente y sin presiones podamos decantarnos hacia un lado o hacia el otro en búsqueda de la opción que más nos represente sin miedo a que nos señalen con el dedo.
Si la sociedad civil pudo cambiar el rumbo de España sin arrebatar a cada uno de nosotros nuestras libertades fundamentales, ha llegado el momento de nuevo de plantearse qué tenemos que hacer para recuperar ese espíritu de cambio para vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria. Una sociedad, la nuestra, que actualmente no reconozco.
