A vueltas con las enmiendas a la Ley de Turismo

En estos momentos, los grupos parlamentarios de Les Corts ultiman las negociaciones sobre las modificaciones y mejoras a incluir en el texto final de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que este martes se debate en comisión y previsiblemente será aprobada y entrará en vigor antes del verano y punto álgido de la temporada turística.

Se trata de un buen proyecto promovido por la Agencia Valenciana de Turismo que avanza y actualiza muchos aspectos con el consenso y apoyo tanto de operadores y asociaciones hoteleras de relevancia como de las tres formaciones políticas del Botànic en relación a un sector económico que, no olvidemos, constituye un 13% de nuestro PIB y da empleo a muchas decenas de miles de valencianos. Pero —siempre hay un pero; siempre hay que mirar más allá—, en mi opinión, contiene algunos conceptos y principios demasiado abiertos y no acaba de recoger retos de relevancia que, si bien provienen de otros ámbitos o competencias y pueden ser incorporados en los reglamentos y desarrollos posteriores, sería positivo incorporar a la versión final de la ley.

Y, haciendo un análisis siquiera superficial y parcial, en el sentido de esos “deberes” pendientes del proyecto, desde mi punto de vista merecen especial atención las propuestas sobre regulación de plataformas digitales y viviendas vacacionales, en tanto no se puede obviar que actualmente es el aspecto del turismo que más controversia causa y en tanto su regulación vigente es obvio que no podía prever la situación actual (la Ley de Turismo es de 1998 y su decreto de viviendas turísticas de 2009). Por un lado, entre los vecinos por cuanto es indudable que la conversión en alquiler turístico de viviendas que se encontraban en alquiler convencional afecta al acceso a la vivienda reduciendo la oferta y aumentando el precio (sin entrar en temas de convivencia y molestias). Y, por otro lado, por las críticas —no sin razón— que se hacen desde el sector hotelero acerca de la competencia desleal que causan alojamientos que puedan no encontrarse dados de alta ante la administración o paguen menos impuestos (sea porque los oferentes no declaran sus ingresos; porque incomprensiblemente se permita a las plataformas digitales tributar en pseudo-paraísos fiscales o porque las viviendas turísticas no tributan por IVA cuando, si bien no son hoteles, es evidente que es una actividad económica —y muy rentable— de alojamiento turístico).

En esta línea, varias formaciones han presentado propuestas que la Federación de Asociaciones Vecinales de València (con la que, por transparencia, he de señalar que he colaborado en este tema) remitió el pasado febrero tras comparecer en la fase de participación ciudadana. Alguna de ellas, de hecho, en la misma línea que la teniente de alcalde del Ayuntamiento de València Sandra Gómez acaba de proponer: que no se pueda inscribir una vivienda turística ante la administración autonómica sin contar con el “visto bueno” de su municipio, de forma que haya una mayor coordinación entre administraciones y cada localidad pueda, según su situación particular, permitir o restringir este tipo de alojamientos.

Esta propuesta (similar a la planteada a nivel autonómico por Compromís y Podem) habrá de combinarse en València con la actualización de su —también anticuado en este aspecto— Plan General de Ordenación Urbana para ser efectiva y, además, el recurso en contra de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en base a la Directiva de Servicios europea, que a buen seguro llegará; pero parece razonable, proporcional y justificada en tanto en cuanto para dar de alta una vivienda turística únicamente es necesario tener su cédula de habitabilidad y presentar una declaración responsable que se rellena en diez minutos.

Junto a la anterior, hay alguna otra propuesta en relación a viviendas turísticas y plataformas digitales muy interesante y que, además, a buen seguro contará con el beneplácito no solo de los vecinos, sino también de los establecimientos hoteleros que sí cumplen sus obligaciones y hasta de los propios inspectores de la administración. Me refiero a la enmienda que establece (como en otros países y autonomías de nuestro entorno) obligaciones de colaboración a las plataformas digitales para, por un lado, que pidan a quién quiera poner un anuncio acreditar que esa vivienda está registrada ante la administración; y, por otro lado, que las plataformas “cedan” datos de los pisos que anuncia para controlar que cualquiera que ya opera esté dado de alta y cumple la normativa (de forma que si hay, por poner una cantidad, 25.000 pisos en AirBNB pero 20.000 dados de alta ante la administración, se pueda fácilmente “cruzar” esos datos y requerir a quién no cumple la normativa y hace competencia desleal a quién sí cumple).

En igual sentido son a mi entender muy adecuadas las propuestas, en la línea de reforzar la relevancia en la ley -aunque sea como principios y declaraciones-, de aspectos como el equilibrio entre vecinos y turistas, la mejora de las condiciones laborales del sector y la igualdad o la reducción de externalidades negativas en ámbitos como el medioambiental o residencial, y que provienen principalmente de Podem y Compromís.

Es indudable que no se puede aprobar una regulación para todo un territorio pensando únicamente en la situación y conflictos concretos de su principal ciudad, València, pero esta ley autonómica y las modificaciones de sus reglamentos de desarrollo han de crear el marco regulador del sector turístico en la Comunitat para los próximos 20 o 30 años en el que ha de insertarse y con el que ha de coordinarse la normativa municipal y su disciplina urbanística. Todos los datos e informes de todas las organizaciones públicas y privadas señalan algo positivo: que el turismo va a seguir aumentando de forma muy intensa en nuestra Comunidad en los próximos años. Partiendo de esto, siempre se dice que "las leyes van por detrás de la realidad social", y a esta ley le toca sentar las bases del turismo de las próximas décadas, en mi opinión mejor todavía si es recogiendo y adelantándose a los retos del equilibrio entre el derecho de los visitantes al disfrute y la calidad del destino y el derecho de los vecinos a la ciudad y al descanso.

* Alberto Aznar Traval es investigador de ECONCULT - Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo de la Universitat de València.