VALENCIA."Hemos ido sufriendo lamentablemente el rosario de los aforamientos, para que luego digan que no constituye un blindaje". Así se lamentaba el diputado socialista en el Congreso José Luis Ábalos a Valencia Plaza tras la 'pérdida' por parte del Senado de una petición del juzgado número 16 de Valencia realizada hace cuatro meses para confirmar la condición de aforada de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá y que ha sido contestada esta misma semana tras enviarla una segunda vez.
La jueza de este juzgado pidió la acreditación de la condición de Senadora de Barberá en una investigación por un supuesto delito de desobediencia por el incumplimiento de la ley de Memoria Histórica, denunciada por Ábalos, el portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, y un abogado . Después de más de 120 días de espera, el juzgado reiteró la solicitud en febrero con la esperanza de que no se volviera a 'extraviar'.
"Presentamos la denuncia en abril de 2015, pero fue pasando del TSJCV al juzgado por los aforamientos, para que luego digan que no es un blindaje, fíjate si llevamos tiempo con esto". Se la denunciaba por el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por mantener símbolos franquistas en la ciudad durante su mandato. Inicialmente, la denuncia se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en abril del pasado año, que se inhibió con la pérdida de aforamiento de la entonces alcaldesa al dejar de ser diputada cuando se disolvieron las Corts en mayo. De ahí, se volvió a formular en el juzgado número 16, que a finales de ese mes, inició diligencias y pidió certificación de si en ese momento Barberá volvía a ser diputada en la cámara autonómica.
A la vista de la acreditación afirmativa, dado que se habían constituido las Corts, el juzgado se inhibió a favor del TSJCV en junio. En septiembre, la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano se declaró no competente para instruir la causa porque Barberá había sido designada senadora territorial por el parlamento valenciano el 22 de julio, por lo que debía corresponderle el asunto a la sala segunda del Supremo. En este punto, el TSJCV devolvió al juzgado de las actuaciones y la denuncia para que se procediera "conforme a derecho".