Entorno natural del Turia a las afueras de PedralbaVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 11 de València ha incoado diligencias previas por la demora a la hora de ejecutar la variante sur de Pedralba, tras una querella que presentó el consistorio de la localidad gobernado por el PP. Esta se dirige contra Toni Gaspar, presidente de la Diputació de València, y Paula Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, a quienes acusa de prevaricación.
Los populares creen que Tuzón habría actuado "por voluntad o intereses particulares" desde su órgano de gobierno al lanzar diferentes maniobras para "impedir" la ejecución de la obra. En el caso de Toni Gaspar, el delito sería de prevaricación por omisión, al ser la Diputació de València el órgano encargado de construir la carretera y haber ignorado su compromiso "deliberadamente" a pesar de que no había impedimentos legales para seguir adelante.
Debido a que "no están determinadas las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", expresa la jueza, decide abrir diligencias previas para averiguarlo. Y, con carácter previo a la admisión de la querella, dar cuenta al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los querellados tienen tres días para presentar un recurso de reforma.
La variante sur de Pedralba ha sido foco de diversos enfrentamientos entre la Conselleria de Agricultura, la Diputació de València y el Ayuntamiento de Pedralba. Un tira y afloja que se ha intentado solucionar por la vía administrativa y también la vía judicial, aunque actualmente cuenta con todos los permisos para seguir adelante. Esto es, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y vigente, y que por el momento se ajusta a las exigencias normativas.
La variante sur de Pedralba se aprobó en el pleno de la Diputació de València en el año 2014, y en 2015 recibió una Declaración de Impacto Ambiental positiva para iniciar el proyecto. Sin embargo, en 2016 la conselleria de Agricultura pidió a la Diputació que impusiera medidas cautelares sobre la obra, mientras redactaba el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria.
Este documento, de salir adelante, habría reconocido el terreno de la obra como protegido, de modo que el proyecto quedó congelado hasta que se esclareciera la naturaleza de la nueva normativa. Un movimiento que ya en su momento enfadó al Ayuntamiento de Pedralba, tal y como queda recogido ahora en la querella, ya que alegan que la Diputació de València insistió en diversas ocasiones sobre la vigencia técnica y legal de su proyecto, sin que la conselleria diera "una explicación clara" sobre por qué se debía frenar la obra.
Con todo, la Diputació aceptó las medidas cautelares, que se alargaron tres años hasta marzo de 2019. En este mes, las medidas cautelares decayeron sin que la conselleria hubiese sido capaz de aprobar un nuevo PORN, que todavía a día de hoy no ha visto la luz. Esto dio a la Diputació una nueva oportunidad para seguir adelante con la obra, de modo que pidió una prórroga de dos años de la Declaración de Impacto Ambiental, documento indispensable para poder construir la carretera y que estaba a punto de caducar en aquellos momentos.
No sin baches de por medio, e incluso con amenazas de denuncia por parte del Ayuntamiento de Pedralba, la conselleria de Agricultura aceptó la prórroga de la DIA para la variante sur el en octubre de 2020. Así, el documento cuenta con vigencia legal hasta octubre de 2022.
El Partido Popular considera que las explicaciones que ha aportado Paula Tuzón desde su secretaría "son insuficientes" para frenar la obra, frente al apoyo jurídico y técnico que ha recibido a lo largo de los años la variante sur. Así, denuncian que sus intervenciones en la materia son "artificiales e injustas", y por ello han estimado incluirla en la querella. Hacen referencia, por ejemplo, a la admisión de un recurso de la Plataforma del Paisaje contra la prórroga de la DIA, lo que retrasó en el tiempo su expedición.
Por el contrario, desde la conselleria alegan que hay "plena confianza" en que los trámites se han realizado con amparo legal, por lo que no muestran preocupación ante la apertura de diligencias previas. Sin embargo, insisten nuevamente en la necesidad de buscar otras alternativas al trazado, que no pasen tan cerca del río.
Algo que no convence del todo a la Diputació de València, ya que en diversas resoluciones ha admitido que el proyecto iniciado es el único viable. Además, el ente provincial también ha lamentado que se haya judicializado el proceso "por la inacción de la conselleria", a la que apunta como única responsable de la demora en la tramitación de los documentos. Y es que, según han explicado, han pedido hasta en tres ocasiones luz verde para poder iniciar las obras, sin que la Generalitat les haya remitido el permiso. En su lugar, alegan que tan solo han recibido respuestas pidiendo que se busquen otros recorridos diferentes al original.
"Solo hemos recibido escritos en los que se admite la legalidad del proceso pero se insta a buscar alternativas en previsión de la futura aprobación del PORN", apuntan desde el ente provincial, señalando a la secretaria autonómica Paula Tuzón como la firmante de estas peticiones.
Aun así, el Ayuntamiento de Pedralba se ha plantado y también los considera responsables por no iniciar las obras a pesar de que cumplen con toda la legalidad. Así, la variante sur no solo tiene una DIA vigente, sino que también es un proyecto aprobado antes de que haya entrado en vigor el nuevo PORN del Túria. De este modo, es posible que la variante sur de Pedralba pueda seguir adelante con su construcción incluso a pesar de la nueva norma ambiental. Siempre y cuando, claro, la Diputació cumpla con el compromiso de ejecutarla y reciba los permisos de la conselleria para hacerlo.
