La ex intendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt. Foto: MARGA FERRER.VALÈNCIA. El caso Palau llega su recta final. La que fuera intendente del coliseo valenciano, Helga Schmidt, junto con otros cuatro imputados se sentarán en el banquillo de los acusados a principios de 2018 después de que el juez instructor haya elevado a la Audiencia Provincial el auto de apertura de juicio oral. Ya no hay vuelta atrás para ellos, puesto que este auto es irrecurrible por las partes.
Los investigados están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este es el penúltimo paso procesal después de que el pasado julio la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial rechazara los últimos recursos presentados por algunas de las defensas.
En esta causa están acusados Helga Schmidt —para quien el fiscal pide siete años y medio de prisión—; el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno —se enfrenta a ocho años de cárcel—; el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol —siete años—; Joaquín Maldonado —otros siete años—, y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta —siete años más—. Están acusados de delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
En la calificación del fiscal se apunta la aparente contradicción que supuso la creación de la empresa Patrocini de les Arts. Así, se indica que “al mismo tiempo que a nivel interno en el organigrama del Palau se decidía dotar de mayor relevancia orgánica al Departamento de Patrocinio (…) simultáneamente se adoptaba la decisión de proceder a la externalización de las funciones de captación de patrocinadores a través de la mercantil Patrocini De Les Arts”.
Igualmente, el fiscal sostiene que esta decisión se adoptó por parte de la exintendente “tras la celebración de varias reuniones con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio, con el conocimiento del acusado Ernesto Moreno Murcia”. Tras estas reuniones fue, según el fiscal, cuando se decidió crear una sociedad de naturaleza mercantil para gestionar la captación de patrocinadores, pese a que el Palau de les Arts tenía un departamento que se dedicaba a esta función.
“De esta sociedad que tenía un evidente ánimo de lucro, pues no era ni una O.N.G. ni una Fundación sin ánimo de lucro, fue consejera la propia acusada Helga Schmidt”, una actuación que para Anticorrupción incumplía la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones y también su propio contrato de fecha 1 de abril de 2005. Durante el tiempo en que Schmidt compatibilizó "de manera ilícita" los cargos de intendente del Palau y consejera de Patrocini, suscribió cinco contratos que supusieron un "evidente beneficio económico" para la sociedad privada, según recoge el fiscal en su escrito.
Uno de los más relevantes fue el del evento Viva Europa. Una vez creada la empresa Patrocini, la Fiscalía asegura que Schmidt, "actuando de acuerdo con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio", con ánimo de eludir los controles administrativos realizó contratos con una sociedad mercantil por los que esta percibió de la Fundación 508.040€ en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores.
El Palau realizó dos transferencias a la sociedad por importe de 300.000 euros y el fiscal entiende que inicialmente se pagó un sobrecoste "carente de toda justificación" de 143.525,50 euros. Sin embargo, entiende que esta cantidad ascendería a 248.222,79 euros por cobrar Viva Europa por gastos que excedían del contrato, como por el registro de dominios web o gastos de registro mercantil, entre otros.
Por Viva Europa 2010 la Fundación pagó también 21.440 euros "carentes de justificación" y por la edición de 2011 se le transfirieron 100.000 euros que provenían de Aguas de Valencia, entidad que financiaba el evento. En total, el ministerio público estima que en este último caso se desviaron 60.000 euros públicos. En este caso, asegura la acusación pública, "no se siguió en ningún momento los trámites esenciales de la contratación administrativa y, por tanto, se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procedimientos que pretende garantizar la normativa vigente".
Todo ello, asegura la Fiscalía, "aderezado con la flagrancia de que la acusada Helga Schmidt era miembro del Consejo de Administración de la empresa privada que iba a obtener beneficios con los contratos suscritos, vulnerando de manera evidente la prohibición para contratar establecida en la legislación vigente".
Otra de las actividades cuestionadas por el fiscal son los contratos de la Fundación con Radcliffe & Asociados S.L. En total se le adjudicaron trabajos de diseño e impresión de folletos y otras publicaciones, así como realización de una newsletter. La empresa cobró por ello y, sin embargo, no llegó a desarrollar estos trabajos, puesto que los mismos recayeron sobre La Imprenta Comunicación Gráfica S.L.
El fiscal Vicente Torres asegura en su escrito que el acusado Pablo Broseta Dupré alteró los presupuestos presentados para impresión de los folletos "tanto en los conceptos como en el precio con el objeto de obtener un lucro económico injustificado" y justificar el pago de un servicio que no había costado ni por aproximación los importes facturados.
Los trabajos que se dijeron realizados sólo se documentaron con un presupuesto, sin albarán ni nota de entrega, y ascendieron a la suma de 143.592 euros. Pese a ello, los pagos efectuados por el Palau a la empresa fueron mucho mayores. El fiscal entiende que en global no se habría justificado la cantidad abonada de entre 294.419,65 euros y 786.971,65.
