VALÈNCIA (EP). El sindicato de prisiones Acaip-UGT ha denunciado la falta de médicos en la cárcel de Picassent (Valencia) como consecuencia del "deterioro" de la sanidad penitenciaria y ha asegurado que el número de facultativos para atender a la población reclusa, de más de 2.100 presos en este centro, es de seis, "claramente por debajo" de los 22 que "según la relación de puestos de trabajo deberían existir".
A nivel nacional, sostiene la organización sindical en un comunicado, el déficit "supera el 67 por ciento y una ratio de médico interno de 3,46 por cada mil, que contrasta con los 6,66 por cada mil que tenían las prisiones españolas en 2014".
Advierte Acaip-UGT de que una "primera consecuencia lógica" de este déficit de atención primaria en las prisiones es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, que "consumen gran cantidad de recursos ya que, para realizarla, es necesaria la coordinación de la prisión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sanitarios, de manera que se asegure tanto el traslado como el tiempo de permanencia en el hospital asignado".
Una situación que, a su vez, "conlleva la priorización de esta atención frente a la de la población en general, independientemente de la gravedad de la misma". Algo que "supone que, en ocasiones, especialmente el medio rural, quede totalmente desprotegido, dado que es necesario destinar los efectivos allí asignados a realizar la vigilancia de este tipo de traslados", argumenta el sindicato.
En esta línea, Acaip-UGT ha avisado de que esta falta de facultativos se traduce también en "problemas en el interior de los centros", donde "el 30% de los reclusos sufre algún tipo de patología mental" y existe "un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis".
Además, ha subrayado que la ausencia de una "atención adecuada" provoca "incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones, al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por la falta de médico". "La población reclusa tiene necesidades distintas a la población en general que debe ser atendida conforme a la realidad del día a día de los centros penitenciarios", ha defendido.
Por todo ello, ha exigido "soluciones tanto desde la Administración central como desde las distintas autonomías, que deberían haber asumido las competencias sanitarias tal y como promulga la ley de Cohesión sanitaria de 2003".