Acció Cultural del PV recibió a dedo del Gobierno catalán 6,6 millones para pagar su sede

VALÈNCIA. El partido político Ciudadanos ha puesto en la diana al Govern de la Generalitat de Cataluña y como flechas piensa usar las subvenciones que desde hace años recibe Acció Cultural. En un escrito presentado este viernes ante la Fiscalía Superior de Cataluña, el partido de Albert Rivera ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales las subvenciones que ha recibido la institución valenciana desde 2008. Según el cálculo realizado por la formación naranja Acció Cultural del PV recibió a dedo del Gobierno catalán 6,6 millones para pagar la hipoteca de su sede. La clave para la formación reside en estos dos detalles: que el dinero fuera para pagar una hipoteca y no para actividades culturales, y que fuera otorgado de manera discrecional.

El escrito está firmado por los diputado autonómicos catalanes Matías Alonso Ruiz y Sonia Sierra, y los representantes de Ciudadanos en València Toni Cantó y Fernando Giner. En él se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, para “perseguir posibles ilícitos”, que “desde, al menos, el año 2008”, el Govern de la Generalitat ha concedido a Acció Cultural del PV y la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster 6,635 millones de euros en “subvenciones directas y sin concurrencia pública, alguna relativas teóricamente al coste de adquisición y rehabilitación de un inmueble situado en la calle San Fernando número 12 de València”.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, Cs aporta todas las resoluciones en las que se publicaron las subvenciones concedidas por el Govern de la Generalitat, concretamente a través de los departamentos de Presidència. Casi la mitad de esas subvenciones, 3,22 millones, se concedieron en los cuatro ejercicios que fueron de 2008 a 2011, a razón de 805.183 euros por año, y se otorgaron bajo el concepto “gastos derivados de la compra y rehabilitación del edificio El Siglo”, un inmueble de más de 3.000 metros cuadrados de superficie ubicado en el centro histórico de València, junto a la calle San Vicente y equidistante de la Plaza del Ayuntamiento y de la Plaza de la Reina.

Tanto en el ejercicio 2012 como en el 2013 se concedieron sendos pagos de 715.411 euros; en el primer año, bajo el concepto “financiación de la cuota anual del préstamo hipotecario” y en el segundo como “cuota del préstamo hipotecario”. En 2014 la Generalitat de Cataluña concedió 670.602 euros, también bajo el concepto de pago de la cuota del préstamo hipotecario. La documentación recopilada por Ciudadanos no registra ningún pago en 2015, pero sí otros dos en 2016 y 2017. En el primer caso fueron 659.602 euros mientras que en el segundo la cantidad se redujo mínimamente a 654.582 euros. En ambos casos el concepto por el cual se entregaron fue también la financiación del crédito hipotecario de la entidad impulsada por el editor de Llombai Eliseu Climent.

Desde Ciudadanos ponen en duda primero la legalidad de la concesión directa de dichas subvenciones, ya que consideran que no existe “causa de interés público” así como una “grave vulneración de los requisitos legales para la concesión de subvenciones con dinero público”. En este sentido, el escrito remitido al fiscal señala como Presidència de Cataluña ha pretendido “amparar” todas esas subvenciones “directas y sin concurrencia alguna” empleando como paraguas el artículo 90 de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, que permitiría concederlas siempre y cuando hubiera un informe que las justificara. 

Los autores de la denuncia relatan cómo solicitaron copia del informe del secretario general del Departamento de Presidència que justificaría la concesión de estas subvenciones. Como respuesta, explican, el Govern de Generalitat les remitió un “lacónico” escrito firmado por Jordi Vilajoana i Rovira en 26 septiembre de 2013, en el que, aseguran, “lejos de la debida motivación que requeriría la directa concesión de tan suculentas subvenciones”, sólo se expone que se atiende a la solicitud realizada por Acció Cultural del Pais Valencia y que se entrega la subvención de manera directa ante la “imposibilidad de promover concurrencia pública”, sin dar más detalles de por qué es imposible. “Ni siquiera es posible reconocer la causa o interés público que persiguen las mencionadas subvenciones por millones de euros”, dice el escrito de Ciudadanos. Y añade: “Mucho menos cabría dar por suficientemente motivada la imposibilidad de promover concurrencia por la especificidad y características del beneficiario o de la actividad subvencionada puesto que nada se dice ni se aporta como elemento acreditativo”.

Ayudas no sometidas a concurrencia pública

Tras apuntar que “la promoción cultural es una materia especialmente predispuesta a que cualquier tipo de subvención pública pueda y deba ser sometida a concurrencia pública”, los autores de la denuncia recuerdan que “de hecho, en el ámbito cultural, las subvenciones de la Generalitat suelen caracterizarse precisamente por ser subvenciones de concurrencia competitiva, elemento esencial y normativamente preferente”, dicen. Y citan como ejemplo las subvenciones para restauración y conservación de inmuebles de valor cultural. 

Para los representantes de Cs “tampoco casa o es muy creíble que la causa pública perseguida por estas subvenciones sea la promoción de la actividad cultural de estas asociaciones privadas pues, dejando al margen la necesariedad, idoneidad y razonabilidad de comprarles con tan ingentes cantidades de dinero público una sede de 3.000 metros cuadrados para promocionar su actividad”, estas ayudas para actividades culturales se “han ido recibiendo de manera simultánea a las subvenciones para la compra del inmueble”.

De este modo, por la información facilitada por Ciudadanos, Acció Cultural del PV y su entorno recibieron 3,379 millones de euros, como mínimo, entre 2009 y 2017, en diferentes partidas anuales para ese fomento de actividades culturales. Las cantidades que se otorgaron cada año variaron. En 2009 fueron 400.000 euros; en 2010, 295.000; en 2011, 552.100; en 2012, 382.923; en 2013, 280.000; en 2014, 250.000; en 2015, 280.000; en 2016, 659.602; y en 2017, 280.000. “Ese proceder contraría no ya la normativa de subvenciones y ayudas públicas sino burda y patentemente la propia práctica en materia de subvenciones por actividades culturales que vienen manteniendo los Governs de la Generalitat”, sostiene el escrito.

Para los autores del mismo, hay un “evidente perjuicio” para el patrimonio de Generalitat catalana, por el uso de unas subvenciones para comprar “con dinero público una sede a un privado”; un inmueble que, además, recalcan, se encuentra “fuera del territorio” de las competencias autonómicas de la Generalitat catalana. Para los autores de la denuncia, la Generalitat de Cataluña, “con sus decisiones no solamente permite el disfrute actual de la propiedad del inmueble por un privado como ACPV, (…), sino que está asegurándole la integración en su patrimonio futuro sin carga ni gravamen hipotecario alguno”.

¿Por qué el Octubre no es propiedad de Cataluña?

Para los denunciantes, las decisiones de los gobiernos autonómicos catalanes “no guardan la más mínima razonabilidad en Derecho”. Y es que, señalan, “incluso en el caso de que fuese procedente proveerse con ese edificio o cualquier otro, qué justifica que la Generalitat de Cataluña no se haya convertido en propietaria o arrendataria”, se preguntan. Igualmente, aseguran que el Govern de la Generalitat “cubre siempre y sea cual sea el importe, la totalidad de la deuda de ACPV, incentiva comportamientos abiertamente desleales en la protección del patrimonio público”.

Así, por ejemplo, destacan que en la concesión de la subvención para el ejercicio correspondiente de 2014 se menciona que ACPV pactó una novación con el acreedor hipotecario del inmueble en el año 2012 en virtud de la cual el tipo de interés vigente de 2,5% se novaba “irrazonablemente” con efectos retroactivos al año 2011, pasando de un tipo de interés nominal de 2.5% a 6.337%, y pro futuro, pasando el tipo de interés de 2,5% a Euribor + 4.5%; teniendo en cuenta los valores del Euribor entonces (1,6%,), situaría el tipo de interés en torno a un 6%. La interpretación que hacen los denunciantes es que esta operación podría responder a una ampliación de capital, que finalmente se ha traducido, a efectos prácticos, en “un evidente aumento de la carga financiera para el patrimonio de la Generalitat”.

En Ciudadanos afirman estar convencido de que se trata de una malversación de patrimonio público “encubierta o disimulada por la vía de dar una aparente pero improcedente cobertura jurídica con un supuesto expediente de subvención directa” donde se plantea “una simulada imposibilidad objetiva” de sacar las ayudas a concurso. Para ellos se habría, de manera “injustificada”, antepuesto los intereses particulares de ACPV a los intereses generales de los catalanes. Y señalan como posibles responsables de esta prevaricación a “los titulares de los Departamento de Presidència dependientes de sucesivos Governs de la Generalitat (…), sus secretarios generales (…)” y no descartan “las posibles responsabilidades de los respectivos titulares de la Dirección de Servicios y de la Asesoría Jurídica”. Ahora está en manos de la Fiscalía determinar si podrían ser hechos constitutivos de delito e iniciar el consiguiente procedimiento judicial, en el caso de que así fuera necesario.