VALÈNCIA (EP). Acció Ecologista Agró ha presentado un centenar de alegaciones al borrador de reglamento forestal y ha destacado entre ellas las referidas a los planes locales de cremas agrícolas, reguladas "extensamente" en este documento que ha calificado de "importante".
La organización ha indicado, en un comunicado, que la "idea general" de sus aportaciones es "que se aproveche este reglamento para establecer la transitoriedad de estas quemas", una materia "obligada" por "la colisión con normativas superiores".
Asimismo, ha resaltado la obligatoriedad de la administración "a tener terminada y muy organizada, en un máximo de tres años, una alternativa que no suponga ni gastos económicos, ni molestias de ningún tipo a los agricultores ni en los pequeños ayuntamientos de comarcas forestales".
Entre las alegaciones hay otras referidas "a la circulación de vehículos por caminos forestales". Agró considera que "la circulación de vehículos a motor, de cualquier tipo", debe "estar prohibida" por sendas forestales y pide que esta "se limite a la circulación por pistas (exceptuando aquellas donde se restrinja por motivos de protección ambiental o por riesgo de incendio)".
Igualmente, la organización ecologista plantea que las bicicletas "solo tendrían que poder circular en aquellas sendas que explícitamente se autorizan, teniendo en cuenta los graves riesgos de erosión del terreno y de la colisión con el uso de las sendas por personas que andan a pie", así como "los riesgos propios para la salud de los ciclistas en aquellas sendas con elevada pendiente" u otras circunstancias "que hacen muy probable tener accidentes".
A esto suma "los daños ambientales" y "el peligro para los senderistas". Las alegaciones aluden también "al grave problema que suponen los tendidos eléctricos de alta tensión y con cableado desnudo (sin revestimiento)" que atraviesan áreas forestales. Acció Ecologista Agró pide a este respecto que "de ninguna forma" se mantengan "en base a eliminar extensas áreas de vegetación próxima con muy importantes impactos ambientales" y reclama un cambio de trazado "por fuera del bosque" o "que se obligue a modificar su revestimiento".
"Recordamos que algunos de los incendios más graves de este siglo se han producido por instalaciones eléctricas defectuosas", ha añadido la entidad, que solicita también que "las titulaciones universitarias requeridas para firmar diferentes proyectos forestales no sean exclusivamente de ingenieros de montes (como pretende el borrador de decreto) sino que estén abiertas a otros titulaciones sin exclusiones injustificadas, sectarias y corporativistas".
Otras alegaciones piden incrementar la participación ciudadana, la información y la transparencia. Así, demandan "incrementar los plazos para hacer alegaciones, mejorar el acceso a documentos o evitar recortes en la representación social en la Mesa Forestal, órgano de participación pública relativo a la gestión forestal".
Además, la organización plantea que las zonas de actuación urgente (ZAU) "se puedan emplear de manera efectiva y real por el conjunto de supuestos que las crearon y no únicamente por una sola finalidad, muy discutible".
A este respecto a expuesto que hasta ahora se han empleado "de manera muy restrictiva y sesgada, solo para hacer grandes cortafuegos que ni aparecen explícitamente citados en el artículo 24 de la ley forestal que creó esta figura". "Nunca se usan para proteger terrenos amenazados, con riesgos erosivos o para restauración ecológica", ha criticado.
Agró solicita también que "no se considere de necesidad pública cualquier actividad o trabajo forestal amparado por las ZAU, a no ser que se presente una adecuada justificación de los objetivos de los trabajos, su supuesta efectividad y los impactos indeseables que generen para poder sustentar objetivamente" la "declaración de necesidad pública".
A estas demandas suma que "los contenidos de los planes de prevención de incendios no se consideren automáticamente como de interés público de primer orden, exceptuando aquellos que sean estrictamente preventivos".
"El resto tendrían que necesitar una adecuada concreción, definición y justificación, para poder tener las repercusiones que implica esta fuerte figura legal que puede obligar a la realización forzosa de determinados trabajos o a la ejecución subsidiaria por parte de la administración, cargando los gastos a los propietarios", ha expuesto la entidad, que ha agregado que "las justificaciones tienen que ser muy claras y contundentes para poder emplear esta herramienta legal".
Acció Ecologista Agró ha comentado que la pretensión --según ha dicho, "manifiesta en el proyecto de decreto"-- de que los contenidos de los planes de prevención de incendios "se imponen sobre toda normativa territorial o de protección ambiental (como por ejemplo la protección de parques naturales) no solo resulta desmesurada sino que puede ser directamente ilegal y fácilmente recurrible". "Requeriría muchas más argumentaciones y cautelas", ha precisado.
Por lo que respecta a las repoblaciones forestales, ha pedido que "se incluyan algunos criterios básicos orientadores" como "la diversidad de especies a emplear, incluyendo las arbustivas, siempre que sean autóctonas, y el uso preferente de especies rebrotadores, que se regeneren rápidamente y de manera gratuita, después de un incendio".
Entre las reclamaciones de Agró está también el uso de "técnicas respetuosas con la fauna, la vegetación preexistente y el suelo fértil de las zonas a repoblar". En cuanto a las actuaciones en áreas que han sufrido incendios, pide que "se atiendan de manera más clara las recomendaciones de los informes técnico-científicos elaborados por el CEAM después de cada gran incendio, como principio orientador general".
En investigación forestal reclama que "se tenga más en cuenta a universidades y centros públicos de investigación de las propias administraciones implicadas" por ser "organismos punteros sobre ecología forestal a nivel estatal y europeo".
Acció Ecologista Agró aplaude "los esfuerzos al reforzar el voluntariado, la custodia del territorio, el desarrollo rural sostenible y el mecanismo de pago por servicios ambientales" aunque pide "más implicación, concreción y avances más efectivos".
