MADRID (EP). Accionistas de BBVA estudian imponer algún tipo de acción judicial en relación a la contratación de los servicios prestados por la firma Cenyt, propiedad del encarcelado excomisario José Manuel Villarejo, por parte de la entidad bajo la presidencia de Francisco González, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).
Se acusa al BBVA de González, conocido popularmente como FG, de utilizar a Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco durante 2004 y 2005, como del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, del industrial Juan Abelló y del jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.
También se le ha acusado de haber espiado a decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación que habrían tenido una participación secundaria en esa ofensiva. El presunto cerebro de la operación 'Tándem' llegó a facilitar a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos, servicios por los que el banco habría pagado hasta 5 millones de euros.
"Imaginamos que probablemente la Fiscalía Anticorrupción hará una investigación sobre esto y, finalmente, algún tipo de acusación. Si esto se produce, queremos estar personados en el procedimiento", han asegurado las fuentes, después de que 'Expansión' adelantara la noticia. De este modo, los accionistas de BBVA pretenden encontrar información que determine que ha habido algún daño patrimonial y emprender acciones contra "el expresidente, el consejo o contra quien sea".
Dejando a un lado los temas puramente políticos y de tipo penal directo, el banco se gastó supuestamente unas cantidades "muy importantes" que eran patrimonio de los accionistas. "Este dinero debía ser utilizado con rigurosidad, de acuerdo a las normas de buen gobierno y de 'compliance', y evidentemente esto no se hizo así", han subrayado desde la asociación.
Además de la pérdida patrimonial, fuentes de Aemec han explicado que el daño reputacional es un elemento complementario. En caso de que la filtración de estas informaciones terminen dañando la reputación de BBVA, teniendo consecuencias sobre la cotización y la confianza en los mercados, los accionistas se encargarán de exigir responsabilidades.
De cualquier forma, los accionistas no tienen previsto ir contra BBVA como persona jurídica. "La víctima es el banco, los culpables son los que han causado un daño al banco y, por ende, a sus accionistas", han recalcado las mismas fuentes, que tampoco creen que se le daba pedir alguna responsabilidad por los presuntos delitos a Carlos Torres.
"Vemos que fue una actuación muy vinculada al presidente, en una época en la que el gobierno corporativo en España era muy presidencialista, los presidentes asumían al 100% las decisiones estratégicas de la entidad y, probablemente, no me extrañaría que fuera un caso en el que hubiera un círculo muy reducido de posibles infractores", han explicado a Europa Press fuentes de Aemec.