En la valoración, el ministerio otorgará la máximo puntuación al plan de negocio para asegurar que el operador tiene voluntad de permanencia en el sector
VALENCIA (EP). La compañía de transporte en autobús Alsa, el grupo turístico Globalia y las constructoras ACS, Acciona y Ferrovial mantienen su interés por convertirse en el primer operador ferroviario privado y entrar a competir con Renfe en tráfico de viajeros en tren.
Todas estas compañías, que ya cuentan con licencia ferroviaria, analizan los criterios fijados para ello en la Orden Ministerial que Fomento publicó esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la que puso en marcha el proceso de selección del competidor de Renfe.
Estas empresas siguen así con atención el proceso a pesar de que, en función de los plazos fijados para el mismo, su resolución irá más allá de este año y esta Legislatura, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
En virtud del proceso de liberalización gradual y paulatino del sector ferroviario diseñado por el Gobierno, en una primera fase de siete años se seleccionará un sólo competidor, que sólo plantará cara a Renfe en las distintas conexiones por vías AVE y convencionales que incluye el Corredor a Levante.
La Orden Ministerial publicada el pasado miércoles en el BOE determina los términos, requisitos, plazos y criterios del proceso de adjudicación. El siguiente paso será la licitación el contrato.
Respecto a los plazos, una vez que se lance el contrato, las empresas contarán con tres meses para presentar sus respectivas ofertas. Posteriormente, el Ministerio dispondrá de un máximo de dos meses para resolverlo con la selección de un operador que, a su vez, tendrá seis meses para comenzar a prestar servicio.
En cuanto a los requisitos, destaca el hecho de que se exime a las empresas interesadas de la obligación de disponer de todos los medios materiales (trenes) y personales para prestar servicio de transporte en tren en el momento de concurrir al concurso, y bastará con su "compromiso de obtenerlos" en caso de adjudicación. Fomento estima que "el interés público no requiere ese exorbitante esfuerzo económico".
En cuanto a la valoración de las ofertas, el Ministerio otorgará al plan de negocio que presenten las compañías la máxima importancia (el 55% de la puntuación total de la oferta), con el fin de asegurarse de que "tiene voluntad de permanecer en el negocio de manera estable".
El inicio del proceso de liberalización del transporte en tren coincide con la entrada en vigor de la nueva Ley Ferroviaria, un texto que flexibiliza el canon, el peaje que las compañías ferroviarias deben pagar a Adif por circular por las líneas de tren y utilizar las estaciones, con el fin precisamente de fomentar la entrada de nuevas empresas.
En concreto, la ley suprime el denominado canon de acceso, el que se paga por entrar a operar en la red ferroviaria, para eliminar una barrera de entrada, modifica el resto e introduce un régimen de bonificaciones para que quienes realicen una mayor actividad tengan mayor retorno.
No obstante, y según indicaron dichas fuentes, a pesar de esta nueva estructura de cánones, las empresas interesadas aún tienen dudas respecto al coste que suponen y del margen de rentabilidad que arrojan para entrar a operar trenes de viajeros.