El ex presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez durante un Consejo de Administración de DivalterraVALÈNCIA. El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, presidido en funciones por la dirigente de Compromís Maria Josep Amigó acordó este lunes llevar a cabo un "cierre ordenado" de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa. Así, la responsable de la corporación provincial en sustitución del socialista Jorge Rodríguez, investigado en la operación Alquería, anunció esta decisión tras un encuentro mantenido por el equipo de gobierno conformado por PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú.
De esta manera, tras varios intentos fallidos de reconstruir la imagen de la mercantil, la Diputación tomó ayer la determinación de liquidar una empresa que, por unas u otras cuestiones, ha servido casi de 'funeraria' de diversos altos cargos de todos los colores políticos. En cuanto al modo de liquidar la empresa y los plazos para ejecutarla, Amigó aseguró que el proceso se abordará "con los informes necesarios y las garantías jurídicas que hagan falta".
En este sentido, la presidenta en funciones de la Diputación explicó que la idea es ir vaciando de competencias esta entidad en favor de la corporación provincial y de otras administraciones como la Generalitat. Igualmente, Amigó envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores -unos 700, en su mayoría brigadistas- porque sus derechos "nunca serán vulnerados".
La decisión de echar el cierre a Divalterra, antigua Imelsa, se produce después del estallido de la operación Alquería, que se ha cobrado hasta el momento la dimisión del socialista Jorge Rodríguez, ya ex presidente de la Diputación, así como de los dos cogerentes -todavía no hecha efectiva- del ente público, Xavier Simón (PSPV) y Agustina Brines (Compromís), también detenidos días atrás e investigados en la causa relacionada con varios contratos de alta dirección presuntamente irregulares.
No son las únicas víctimas de esta empresa pública. Previamente, el anterior cogerente designado por los socialistas, Víctor Sahuquillo, también dejó el cargo al filtrarse que había cargado consumiciones alcohólicas -que abonó posteriormente- en las dietas de la empresa. Al margen de este hecho, el fuego cruzado existente en la nueva Imelsa -en esa etapa se produjo el cambio de nombre e imagen a Divalterra- era evidente y se producía entre los propios socialistas con la nada desdeñable ayuda de efectivos de Compromís.
Una tensión interna que provenía de la anterior etapa, dado que el anterior gerente, José Ramón Tiller -salpicado ahora en el caso de la posible financiación irregular del PSPV vía Crespo Gomar- había sido relevado por Jorge Rodríguez para tomar el control de la empresa. Una maniobra que causó malestar en el entorno del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tras la salida de Sahuquillo, Rodríguez y los suyos se plantearon el cierre de Divalterra, algo que encontró la oposición de Compromís pero también de ciertos sectores de su propio partido, el PSPV.
Un rechazo que enarbolaban este lunes los trabajadores, quien a través de la presidenta del Comité de Empresa, Ruth López, mostraban su oposición a la medida: "Matar al perro no acaba con la rabia. Acabar con Divalterra no acaba con la presunta corrupción".
El problema de la antigua Imelsa no es nuevo. La empresa pública fue el embrión de la operación Taula que terminó con el todopoderoso presidente de la Diputación y líder provincial del PP, Alfonso Rus, quien vio como otro exgerente del ente, Marcos Benavent, se convertía en el 'yonki del dinero' para fulminar su carrera política y desvelar otras presuntas prácticas ilegales en algunos casos ni siquiera relacionadas con la propia Imelsa o iban más allá del ente.
Con este historial, y pese a las dificultades que puede acarrear la liquidación del ente, los partidos de gobierno de la Diputación de Valencia han decidido dar este paso para arrancar de raíz una mercantil que ha provocado la caída de dos presidentes de la institución de distinto signo político así como otros ceses e imputaciones de un buen número de dirigentes políticos.
