Diana MorantLa querella fue interpuesta por Arturo Torró y otros miembros del PP por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad documental y coacciones
GANDIA. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha admitido a trámite la querella presentada por varios miembros del anterior gobierno del Partido Popular por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones contra la alcaldesa de Gandia, Diana Morant; el Secretario General del ayuntamiento, Lorenzo Pérez Sarrión; los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí y el actual coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori.
La querella, registrada el 21 de marzo de 2016, fue interpuesta por el exalcalde de Gandia Arturo Torró y cinco de sus cargos de confianza: Cristina Serrano, Lola Moncho, Carlos Moncho, Alba Frasquet y Gonzalo Morant. En ella, denuncian que durante la celebración del pleno de Investidura, a posteriori y en los días sucesivos, se impidió el acceso a las dependencias de trabajo de diversos empleados públicos, así como a los ediles salientes. En declaraciones a este diario, Arturo Torró ha recordado que se produjo “una violación de los derechos de los trabajadores” y de ahí esta querella.
Los hechos denunciados se remontan al 13 de junio, fecha en que se celebró el pleno de investidura de la actual alcaldesa de Gandia, Diana Morant, tras el cuál se ordenó a agentes de la Policía Local que impidieran subir a las dependencias superiores. “Nos prohibieron acceder a los puestos de trabajo”, explican desde el Partido Popular recalcando que ese decreto de alcaldía fue firmado el 16 de junio, cuatro días después del nombramiento de Diana Morant.
Según consta en la denuncia, ese impedimento fue realizado por “personas que nada tenían que ver con el Gobierno Municipal que lo fue hasta ese mismo pleno, sin amparo legal alguno, se encontraban en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento revisando y requisando documentos de las mesas y dependencias de la misma”. Unas acciones que como explican desde el PP se llevaron a cabo, en algunos casos, “custodiados por agentes de la autoridad, quienes parecen ser, recibieron órdenes de la Alcaldía o de quién podía serlo, para impedir el acceso a distintas dependencias”.
En rueda de prensa, el concejal popular Vicent Gregori ha explicado que “en su día ya denunciamos, que mediante un cartelito, cambios de cerraduras, o presencia física de personal ajeno al Ayuntamiento de Gandia, se nos impedía, hasta a los concejales, el acceso a nuestros despachos para recoger nuestros enseres. Es algo ilegal, un abuso y los jueces dirán”.
Igualmente, denuncian que no se siguió procedimiento administrativo alguno, y como consecuencia de “dicho asalto”, “se ha podido cotejar la falta de documentación, borrados o modificaciones de equipos informáticos”. De hecho, algunos de los querellantes tienen constancia de que durante esos días se accedió a sus cuentas de correo electrónico.
En la querella presentada también consta que el lunes 15 de junio se prohibió el acceso del personal laboral a las dependencias de Iniciatives Púaliques de Gandia (IPG) a sus puestos de trabajo. Ese día, Arturo Torró acudió a las dependencias de la empresa pública IPG y comprobó que dos agentes de la Policía Local de Gandia custodiaban la entrada a la empresa pública IPG. Ante notario, hizo saber a los agentes que él seguía siendo el presidente de IPG y adjuntó un informe del entonces secretario de IPG Roberto Santatecla. Sin embargo, no pudo entrar a las instalaciones por orden de la alcaldesa Diana Morant.
Una medida que, según recuerdan desde el gobierno, pretendía evitar que “material sensible” pudiera desaparecer pues “como se ha demostrado en IPG es donde estaba toda la información”.
Ahora, el juez ha instruido diligencias y ha llamado a declarar a Diana Morant, Lorenzo Pérez Sarrión, Vicent Llorens, Vicent Todolí y Salvador Gregori el próximo 6 de junio, que deberán comparecer junto con su abogado para contar su versión de los hechos.
