Aerte denuncia a Igualdad ante el Consejo Valenciano de Transparencia por negarle los informes del decreto de tipologías

VALÈNCIA (EP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana (AERTE) ha presentado una reclamación al Consejo Valenciano de Transparencia al no haber recibido los informes sobre incidencia económica en las personas usuarias de los servicios solicitados a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tras la aprobación del nuevo decreto de tipologías, según ha informado la patronal en un comunicado.

Al respecto, explican que el escrito de solicitud de dicha información, presentado el pasado 3 de abril, no ha tenido contestación por parte de la Conselleria en el plazo de un mes, lo que "incumple la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, recuerdan que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre esta norma recogía "la necesidad de aportar de manera previa a la aprobación del decreto por el Consell una serie de informes". En concreto, el "más importante de todos" era el que debía reflejar la incidencia económica que iba a tener la norma en las personas que usen estos servicios, es decir, "cuánto iba a aumentar el copago de los usuarios con los nuevos requisitos".

Así, señalan que desde que se dio a conocer el dictamen, la Conselleria "indicó que esos informes existían y que se iban a aportar con total normalidad y transparencia". Sin embargo, ante la solicitud de Aerte, Igualdad "ni ha contestado ni ha pedido más plazo para contestar, lo que denota mala fe y ánimo de ocultar la información ya que la información está elaborada, disponible y simplemente debe ser entregada".

Al resecto, el presidente de Aerte, José María Toro, ha señalado que esta "falta de transparencia genera una desconfianza muy importante" y en ese sentido se pregunta "cómo podemos creer" a la vicepresidenta y consleleria de Igualdad, Aitana Más, "cuando dice, en una carta dirigida a residentes, que el nuevo decreto no va a costar ni un euro más a los usuarios con ayudas de dependencia si no aportan los informes que lo justifica". Del mismo modo, cuestiona qué consideración tiene el president Puig de "esta actitud tan opaca de su Consell".