VALENCIA, (EFE). La Asociación Empresarial de las Residencias de la Tercera Edad (Aerte) ha pedido que se investigue si existe una relación entre la financiación ilegal del PP en Valencia y las ventajas obtenidas por algunas empresas en el Plan de Accesibilidad Social.
Aerte ha señalado que la semana pasada Vicente Cotino reconocía en sede judicial que sus empresas habían financiado de forma irregular al Partido Popular durante los años 2007 y 2008, una declaración que se sumaba a otra anterior en este mismo sentido de Enrique Ortiz. Con anterioridad, Aerte había denunciado el posible trato de favor que se daba desde la entonces Consellería de Bienestar Social a algunas empresas del Plan de Accesibilidad para el concierto de plazas residenciales para mayores.
En un primer momento, el concurso pretendía dotar de más plazas residenciales a un parque bastante escaso como era el valenciano en aquellos años, pero con su desarrollo se observaron, según Aerte, "cuestiones que levantaron las sospechas de las entidades que operaban en el sector desde hacía bastante tiempo". Esta situación, prácticamente de oligopolio según la asociación empresarial, "provocó un daño muy importante a muchas residencias que se vieron afectadas, pues incluso dentro de las beneficiadas por el Plan de Accesibilidad el trato no era el mismo".
En febrero de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró contrario a derecho las ampliaciones del concierto que la Consellería, durante el mandato de Juan Cotino, había "concedido a una empresa de la que eran accionistas familiares suyos", según Aerte. En los últimos meses y en el curso de investigaciones judiciales en los que están investigados dirigentes del PP de aquellos años, "los accionistas más importantes del adjudicatario principal del concurso de residencias de la tercera edad han reconocido haber financiado ilegalmente al PP en esos años", han recordado las mismas fuentes.
Por todo ello, Aerte ha pedido investigar "si existe alguna conexión entre este hecho y el trato de favor hacía algunas empresas del Plan de Accesibilidad Social para que la situación se aclare de manera definitiva". La organización empresarial ha resaltado que, a pesar de que la mayoría de las empresas trabajan conforme a la legalidad, "estas actuaciones han generado un daño muy importante a la reputación del sector que se tardará tiempo en reparar".
"Tenemos que seguir trabajando con profesionalidad, ética, responsabilidad social y con la máxima transparencia para recuperar de nuevo la confianza de nuestros ciudadanos, explicándoles que no todas las entidades somos iguales", han indicado los responsables de Aerte.