En ese sentido, señala que desde su entrada en vigor en marzo de este año "muchas entidades habían mostrado su desacuerdo con el texto definitivo y la necesidad de modificarlo para adaptarlo a las necesidades actuales de las personas atendidas" y que incluso "muchas de ellas, habían presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto".
En esta línea, recuerda las críticas por la "falta base científica en mucho de los aspectos planteados, la carencia de un presupuesto público suficiente para que no supusiera un mayor coste para las personas usuarias de los servicios y la insuficiencia de respaldo sectorial".
El presidente de la patronal, José María Toro, ha destacado al respecto que el sector "vuelve a mostrar su voluntad de dialogo y de búsqueda de soluciones y mejoras para las personas que atendemos". "La colaboración público-privada es fundamental para ofrecer los servicios que necesita cada persona en cada momento. Estamos a disposición de la Conselleria, como siempre, para poder abordar todos los retos que tenemos por delante", ha señalado.