CASTELLÓ. La dirección de Afanias Castellón asegura en un comunicado que ultima la documentación para solicitar la línea de crédito al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y, con ello, pagar "pronto" las nóminas pendientes a los 140 trabajadores, que dan servicio a más de 340 personas con dependencia. La entidad muestra su sorpresa ante la protesta realizada este viernes por parte de los empleados y asegura que la plantilla está al corriente de las gestiones realizadas con vistas a disponer de fondos.
En el mismo escrito, explica que el comité de empresa "ha sido informado de forma semanal sobre la situación económica, así como de todas las acciones de la junta directiva" a fin de mantener la liquidez. Unas gestiones encaminadas a regularizar el abono de las mensualidades.
Afanias Castellón defiende la fórmula del pago delegado de la Conselleria de Servicios Sociales para garantizar tanto los pagos a la plantilla como la sostenibilidad de la asociación. Sin embargo, los trabajadores discrepan de la idoneidad de ese sistema, que implica retrasos con las nóminas.
Y es que las demoras se vienen repitiendo en los últimos años. El problema, como explican desde el comité de empresa, surge con el modelo de pago de la Generalitat Valenciana, que ingresa los fondos convenidos con dos meses de atraso. Eso impide una normalización. Sin ir más lejos, como denuncian los profesionales, se les adeuda en la actualidad la mensualidad de diciembre y la extra de Navidad.
Los afectados por los impagos trabajan en los diferentes recursos y servicios de Afanias Castellón. Desde desde centros de día y residencia, pasando por viviendas tuteladas, hasta centros ocupacionales. En mayo de 2023 ya salieron a la calle para denunciar su situación.
A raíz de esa reivindicación, la dirección firmó a mediados de ese mes con el IVF la línea de crédito. Esa operación contable se sumó al abono unas semanas antes de 368.543,27 euros. Una cantidad insuficiente en aquel momento en vista de que la entonces Conselleria de Políticas Inclusivas adeudaba más de 800.000 euros.
Ese importante débito provocó que muchos trabajadores acumularan considerables retrasos respecto a sus percepciones. Algunos llevaban sin cobrar desde noviembre de 2022. Aunque la situación mejoró pasados los meses, la realidad es que los empleados siguen teniendo problemas con sus emolumentos, como denuncian desde el comité de empresa.