VALÈNCIA (EP). La Agencia Negociadora del Alquiler ha reclamado al Gobierno la creación del índice de actualización de rentas, cuya ausencia provoca, en su opinión, inseguridad jurídica en el alquiler de viviendas, según ha informado la organización en un comunicado.
La actual Ley que regula el derecho a la vivienda, aprobada el pasado 25 de mayo de 2023, obliga al Gobierno (con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística) a crear antes de 2025 un índice de referencia de actualización de rentas, ha recordado la agencia, por el que deben regirse todos los arrendamientos de viviendas que se suscriban a partir del 1 de enero de 2024 y todos los arrendamientos de viviendas que deban actualizar sus rentas en el 2025.
La Agencia Negociadora del alquiler ya alertó en diciembre de 2023 de que este índice debía estar creado antes del 1 de enero de 2024, tal y como ha recordado la entidad en su comunicado. Así, si no se hacía de esta manera, todos los nuevos arrendamientos que se suscribiesen a partir de dicha fecha iban a tener un vacío importante, porque ni arrendadores ni arrendatarios iban a poder conocer en el momento de la suscripción del arrendamiento por qué mecanismos o sistemas iban a actualizar sus rentas en el futuro.
Este índice de actualización todavía no se ha creado, lo que está provocando una "inseguridad importante que genera inquietud" ya que en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o por qué índice se iban actualizar.
Esto ocurre porque los actuales límites del 3% que se están aplicando en este 2024 dejan de estar en vigor para el 2025. "No es de extrañar que con estas inseguridades la oferta inversora busque otras formas de inversión más seguras en donde puedan conocer por anticipado las reglas por las que van a regular sus inversiones", han advertido desde la Agencia Negociadora.
Esta inseguridad afecta, explica la entidad, tanto a grandes tenedores de viviendas como a pequeños, tanto a alquileres asequibles como a los que no lo son, tanto a particulares como a personas jurídicas.
"La inseguridad se agrava en el caso de promotores e inversores de viviendas destinadas al alquiler, porque al no poder conocer las actualizaciones aplicables, les van a faltar datos para hacer análisis financieros completos para calcular la rentabilidad de sus inversiones", han avisado.
De esta manera, La Agencia Negociadora del Alquiler ha exigido al Gobierno "más anticipación, trabajo y capacidad normativa para evitar problemas que ya sabían que iban a surgir, y así evitar el actual déficit que está afectando a la oferta del alquiler de viviendas por la inseguridad existente".