Foto: ÁLEX OLTRALa liquidación de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) supone un punto y final a una etapa "oscura"
VALÈNCIA. Han sido varias las ocasiones en las que se ha anunciado su cierre. La primera de ellas fue en 2013, cuando el entonces alcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), anunció su cierre por "falta de ingresos comerciales de la entidad". No lo hizo. También lo anunció en mayo de este mismo año (2017) el actual gobierno de PSPV y Més Gandia, con el apoyo de Ciudadanos, en una multitudinaria rueda de prensa. Sin embargo, los últimos flecos han costado de cerrar y no ha sido hasta ahora cuando de verdad se ha echado el cierre a "una maquina de quemar dinero", tal y como la definió en su día la alcalde de Gandia, Diana Morant.
Este punto y final solo depende de dos trámites administrativos: la escritura ante el notario —prevista el 27 de diciembre—, e inscribir la extinción de IPG en el Registro Mercantil. "Antes de que acabe el año celebraremos que la empresa pública ha pasado a la historia", han asegurado a Valencia Plaza los liquidadores. Eso sí, esa operación implica que el Consistorio absorba la deuda comercial —asciende a unos 6,5 millones de euros— y se haga efectivo el cese de activos y pasivos de la mercantil. De esta manera, el consistorio se hará cargo de los bienes inmuebles (parcelas, locales, parques infantiles, viviendas, la Torre del Pares…) así como los muebles (material de oficina o incluso equipamiento deportivo).
Su inminente cierre se auguró la semana pasada, cuando el gobierno logró cerrar la venta de las más de 300 cocheras del edificio de Simancas que eran de propiedad municipal tras una dudosa acción de compra-venta realizada por el anterior Gobierno, del Partido Popular, por la cual se perdonó a la constructora 1,5 millones de euros a los que debía hacer frente por la titularidad de estas plazas. La venta de dichas cocheras se ha producido a Bankia por unos 5 millones de euros y, además, la entidad cede al Consistorio 25 cocheras y 17 trasteros libres de cargas.
Una operación que venía acompañada de otra buena noticia: la recuperación de una subvención que ascendía a casi un millón de euros. Por ende, la deuda que tendrá que absorber el consistorio estará entorno a los 6 millones de euros, cantidad que está ya contemplada en los próximos presupuestos municipales y que permitirá liquidar toda la deuda en 2018.
"Esa deuda ya está contemplada en los presupuestos del próximo año y permitirá liquidar toda la deuda a los proveedores durante 2018", ha explicado el coordinador General de Economía y Hacienda, Salvador Gregori. Según ha aclarado, se revertirá dicha cantidad del superávit de las cuentas públicas locales para acabar de pagar la totalidad de la deuda a proveedores de IPG desde el Ayuntamiento.
Dichas operaciones han permitido reducir la deuda de la empresa pública en más de 17 millones de euros, sin contar las deudas que ya se han abonado a los proveedores y de las que aún restan 7,5 millones de euros. "En lo que va de legislatura se han solventado de manera positiva operaciones por más de 27 millones de euros y se han recuperado casi seis millones de euros en subvenciones que se habían dejado perder de manera negligente por parte del anterior gobierno del PP", expresó el coordinador General de Economía y Hacienda.
Gracias a todas las actuaciones llevadas a cabo en esta legislatura se ha podido cerrar la empresa pública de Gandia Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), creada en 2006 por el Gobierno socialista de José Manuel Orengo en coalición con el Bloc. Sin embargo, tal y como han denunciado reiteradamente desde el gobierno, no fue hasta la llegada del Partido Popular al consistorio cuando "se acometieron horrores que todavía estamos pagando".
Es el caso de las "misteriosas" desapariciones de ordenadores y de información de las cuentas de IPG, la contratación de alrededor de 200 personas, cerca de 700.000 euros en pagarés o las transferencias, pagos a "empresas afines",… Una gestión de la empresa pública que, según ha denunciado el gobierno de forma reiterada, hizo que las pérdidas de IPG se elevaran 28,4 millones de euros.
Sin olvidar las operaciones que todavía están en medio de un proceso judicial. Es el caso de la operación Aplauso, con la que el gobierno compró los espacios de los antiguos CineBox.
El caso Púnica, que salió tras dar con facturas por valor de 885.000 euros pertenecientes a Construcciones Gomuñoz y de las empresas Madiva Editorial y Eico Management, propiedad de Alejandro de Pedro —considerado el conseguidor de la trama Púnica—. Según la UCO, la mercantil acordó con De Pedro un pago mensual de 2.600 euros tras la intervención de Víctor Soler, presidente del PP en Gandia, y el vicesecretario de Organización, Dionisio Ollero.
Sin olvidar el caso de Tele 7, que investiga el cierre de la televisión pública de Gandia y la concesión de unas ayudas económicas a dos televisiones privadas de la ciudad que, supuestamente, son del entorno de Arturo Torró.
Por todo ello, los liquidadores tomaron medidas legales y acordaron un proceso de acción de social de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración anterior de la sociedad (del Partido Popular): el exalcalde Arturo Torró; el asesor del partido Javier Reig; el actual presidente del PP de Gandia, Víctor Soler; el concejal Guillermo Barber, y Lola Moncho.
