Aigües de l'Horta cede el proceso de contratación del suministro eléctrico al grupo Suez

VALÈNCIA. La empresa mixta Aigües de l'Horta acordó en su último consejo de administración ceder todo el proceso de contratación de los servicios eléctricos al grupo Suez, la firma privada que gestiona el 49% de la entidad. El otro 51% corresponde al ayuntamiento de Torrent. Así, será la central con sede en Barcelona la que se encargará de buscar un nuevo adjudicatario para el contrato, que tendrá una duración de tres años prorrogable a dos más. 

De este modo, los dos accionistas de Aigües de l'Horta han dejado en manos de la empresa privada todas las gestiones necesarias para estudiar y finalmente seleccionar la oferta más ventajosa, que se deberá hacer cargo de los servicios eléctricos vinculados al suministro del agua en la ciudad de Torrent. El precio máximo que se ha estipulado para el contrato es de 2,56 millones de euros. 

"El contrato que tenemos actualmente finaliza en breve, y para preparar la licitación del siguiente hemos decidido adherirnos a la licitación de suministro de energía eléctrica para las empresas del grupo Suez, a través de la central de contratación", explican desde el consistorio. "La contratación centralizada, a través de la agregación de volúmenes, conduce a una mayor competencia. Eso nos permitirá obtener mejoras no sólo en el precio sino también en los términos contractuales en general".

En este sentido, el ayuntamiento también ha aclarado que la adjudicación del servicio se hará a través de un procedimiento abierto, y que se procederá a la apertura pública del contenido técnico y económico de todas las ofertas. A favor de delegar el proceso de contratación en el grupo Suez votaron todos los partidos políticos con representación, excepto Compromís, quien no considera oportuno que una empresa privada se encargue de este trabajo.

"Ceder la licitación supone renunciar a cualquier control municipal", lamentan, teniendo en cuenta que el consistorio es el accionista principal de Aigües de l'Horta. Finalmente, y del mismo modo, también consideran que trasladar el proceso de contratación "sin ningún tipo de control público, y por un periodo y cuantía tan importante, supone eludir el ámbito de la propia Intervención Local como máximo órgano de fiscalización económico de la actividad del ayuntamiento".