Aigües de Paterna paga el doble del valor de mercado por su oficina

VALÈNCIA. Aigües de Paterna, la empresa mixta que gestiona las aguas en la localidad, participada al 49% por Hidraqua y al 51% por el Ayuntamiento, paga aproximadamente el doble de lo que cuestan las oficinas en las que se encuentra actualmente, en la calle Maestro Soler.

Así se deduce de los resultados de un peritaje de tasación al que ha tenido acceso este diario. Según el estudio, el valor real de alquiler del bajo es de 1.100 euros mensuales. Sin embargo, el contrato de alquiler suscrito por la empresa establece una renta anual de 23.328 euros, 1.944 euros mensuales.

El peritaje realizado incluye un estudio de los alquileres que se pagan cerca del local en cuestión y analiza sus características. Las conclusiones rezan que su ubicación cuenta "con poco tránsito peatonal y rodado, con dificultad de aparcamiento y con reducido atractivo comercial", pese a que se encuentra próximo a la Calle Mayor.

El valor máximo registrado en la zona es de 10 euros mensuales por metro cuadrado, mientras que el mínimo son 3,64 euros. A fin de cuentas, el valor de tasación del local de Maestro Soler asciende a 5,48 euros mensuales por metro cuadrado, 1.100 euros en total.

Con todo, el presupuesto base con el que Aigües de Paterna sacó a concurso esta licitación en el verano de 2017 era de 27.000 euros, 2.250 mensuales. Y la oferta que se consideró más ventajosa fue la de Iban Herrero Atiénzar, propietario del bajo.

Fuentes municipales preguntadas por este desfase entre el valor de tasación y el precio del alquiler que se paga, insistieron en que el procedimiento de adjudicación fue el correcto, después de realizar un concurso público.

Este contrato podría estar bajo la lupa de la justicia, pues el propietario aparece entre los documentos de la investigación que llevan a cabo los juzgados de Paterna. En dicho caso están investigados el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; y dos tenientes de alcalde, Julio Fernández y Nuria Campos, los tres socialistas, por presunta prevaricación en la adjudicación de un contrato para el concierto de Halloween en 2017.

Pero además, en la documentación que se incluye en la denuncia aparecen empresas y personas que guardarían estrecha relación con ediles socialistas y que habrían sido adjudicatarias de contratos por valor de unos 100.000 euros.