Ximo Puig, Carlos Bertomeu y Vicent Soler. Foto: GVAVALÈNCIA. Air Nostrum no ha cobrado ni un euro de la subvención de 3 millones anuales que le concedió la Generalitat para apoyar el proyecto de renovación de parte de sus aviones ni lo va a hacer, ya que la investigación abierta por la Comisión Europea sobre las mismas tiene efecto suspensivo sobre el expediente, lo que obliga a la Conselleria de Hacienda a congelar el pago.
El departamento que dirige Vicent Soler recibió este martes por la tarde la notificación sobre la decisión de Bruselas de determinar si las ayudas –3 millones en 2018 y otros 6 para el periodo 2019-20– pueden suponer una ayuda de estado contraria al derecho comunitario, ya que existen dudas sobre su "efecto incentivador" de la economía.
La UE publicará el expediente de investigación en los próximos días y, a partir de ahí, se abrirá un plazo de veinte días para que las partes –en esta primera fase el Reino de España– formulen sus alegaciones.
Por las características de la investigación, abierta a raíz de una denuncia de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, el expediente abierto no puede derivar ni en sanción ni en multa, pero sí podría acabar obligando a la compañía valenciana a reembolsar a la administración el dinero con los correspondientes intereses
La empresa que preside Carlos Bertomeu manifestó este martes que el convenio que regula estas ayudas "respeta toda la legislación autonómica, nacional y comunitaria" y recuerda que el plan de renovación de flota al que se destinan recibió el apoyo del Banco Europeo de Inversiones en julio de 2017.
Con todo, la aerolínea especificó que aún no ha cobrado nada. Ni los 3 millones del primer año de vigencia del convenio (2018) ni los 6 previstos en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
En el Presupuesto de la Generalitat de 2019 ya recogía una línea nominativa de esta ayuda a Air Nostrum, directa y sin concurso, que en su momento ya generó polémica y fue criticada tanto por la oposición al Consell como por los competidores de la empresa.
En una visita a València en febrero de 2017, el director comercial de la low cost irlandesa, David O'Brian, recomendó al Consell que no malgastase el dinero público con ese convenio, que a su juicio "podría ser ilegal" por la manera "poco transparente" con la que se gestó.
Sin embargo, Ryanair también ha disfrutado en el pasado de ingresos públicos de la Generalitat –con el PP al frente del Consell– mediante convenios de promoción ganados con agresivos descuentos para, posteriormente, amenazar con marcharse de los aeropuertos valencianos si no se les renovaban esas ayudas.
Por ejemplo, en noviembre de 2008 cerró su base de València cuando la Generalitat rechazó concederle una ayuda de 10 millones de euros al estar prohibidas las ayudas directas a empresas. Al año siguiente, el tráfico de viajeros en el Aeropuerto de Valencia se desplomó un 17,8% hasta caer por debajo de 4,75 millones de pasajeros.
Dos años después de aquello, en noviembre de 2010, Ryanair recuperaba su base en València tras suscribir un acuerdo de marketing con la Conselleria de Turismo y Turespaña, con 800.000 euros aportados por cada una, y desde entonces su presencia en València no ha hecho sino ir en aumento.
