Foto: E. PARRA/EPEstamos ya en 2023 y el pasado 2 de junio el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó un decreto que permite la mejora retributiva del personal laboral de las universidades valencianas, unas mejoras salariales acordadas en 2019, a cuatro días de las anteriores elecciones autonómicas. Durante estos cuatro años, sin descanso, el profesorado asociado ha hecho huelga, se ha manifestado delante de los organismos públicos universitarios, ha denunciado su precaria situación en los juzgados, ha ido a Bruselas a denunciar que a “igual trabajo, no hay igual salario” y ha perseguido por Twitter a las y los representantes de la Conselleria d’Universitats y de los diferentes rectorados de las universidades públicas valencianas. Vicent Marzà, Miguel Soler, Carolina Pascual, Josefina Bueno, Mavi Mestre, Eva Alcón, José Capilla, Amparo Navarro y Juan José Ruiz no han hecho sino huir continuamente hacia adelante, olvidando el pasado, incumpliendo el presente y prometiendo escenarios futuros para impugnar la necesaria negociación.
No es una queja fácil, porque este decreto llega cuatro años tarde, porque nos deben esos cuatro años de subidas salariales, porque al profesorado asociado que ha ido cayendo en este periodo no le van a restituir lo debido, porque a los que todavía estamos nos queda muy poco con la aplicación de la recientemente aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario, la ya famosa LOSU, porque no admiten las horas reales de trabajo y porque no han incorporado cuestiones tan básicas como el reconocimiento a cobrar los quinquenios docentes, un complemento salarial que cobra todo el profesorado de todas las etapas educativas. O quizás, por todo ello, han tardado cuatro años.
Si bien la definición del profesorado asociado sufrió un cambio relevante con la aprobación de la anterior ley de Universidades, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el problema que arrojó a la precarización a miles de profesoras y profesores asociados estalló con la aparición del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo ―conocido como decreto Wert―, ya que la solución que dieron las gerencias universitarias a dicha racionalización fue abusar de la contratación de profesorado asociado que les salía a un cuarto de salario con respecto al profesorado titular de universidades. Los límites a la gestión se cargan sobre las figuras más vulnerables sin problemas. La distancia entre los puestos de PDI Asociado de las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) universitarias y las contrataciones de profesorado asociado, se duplicó o triplicó según el compromiso (¿estilo de gestión?) de las universidades. Y absolutamente nadie ―ni sindicatos, ni Inspección de trabajo, ni Conselleria d’Universitats― quiso mirar hacia los fraudes que cometían las universidades, entre ellos se tapaban sus tropelías.
Y lo que parecía un problema transitorio para las Universidades Públicas Valenciana en 2012, se quedó hasta hoy, 2023.
En 2018, en la Universitat de València, estalla una huelga con una respuesta alta, la primera huelga indefinida del profesorado asociado. Esa huelga puso la problemática en las agendas y los medios dieron buena cuenta de ella, desde ser portada en El País (12 de febrero de 2018) hasta la denuncia de un concursante, profesor asociado, en un programa televisivo de gran audiencia, el concurso 'Boom' (26 de febrero de 2018). La huelga de 2018 se cerró en falso, pues las promesas de mejoras salariales aprobadas en Mesa Negociadora de la Universitat de València, todavía hoy, están incumplidas.
Ahora, con la LOSU ya aprobada, los dos próximos cursos serán un despido masivo de profesorado asociado sin derecho a indemnización, porque con las renovaciones anuales no hemos acumulado antigüedad, aunque llevemos 20 años. Solo nos quedará presentarnos ante los juzgados. Esta situación solo se puede solucionar si las personas que llevan más de tres años siendo contratadas de forma continua en las universidades públicas valencianas pasan a ser personal indefinido de forma automática. Y si las universidades no quieren continuar con su relación laboral, que las despidan con todos los derechos laborales reconocidos, ¡qué menos!
Gobernantes y gerentes, sois vosotros y vosotras los que habéis convertido al profesorado asociado universitario en uno de los grupos más vulnerables del sistema universitario, habéis precarizado una figura docente, así que, de aquellos polvos, estos lodos.
Firman también el artículo Isabel De la Cruz, Joan García Perales, Pau Lluch Alemany, Vicent Monroig Climent i Jordi Pérez Asensio, miembros del Comité de empresa de la UV por la Plataforma PDI Precariat
