Albal confirma la legalidad de la construcción de la nueva estación de tren

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Albal ha convocado un pleno, con carácter urgente, donde presentará las conclusiones de un informe jurídico externo, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, José María Bañó León, a petición del consistorio. 

El documento discrepa de manera "fundada" los razonamientos y las presuntas irregularidades que ha notificado la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana, tras una denuncia anónima y cuyo requerimiento surge a consecuencia de la firma del convenio interadministrativo con la Adif –suscrito el 28 de febrero de 2019- para la construcción y financiación de la nueva estación de cercanías cuyas obras concluirán el próximo febrero de 2023.

El informe encargado al catedrático ya está en manos de la corporación local y se debatirá en la cita plenaria que se celebrará el próximo jueves 21 de noviembre, a las 20.15 horas, en el salón de plenos del consistorio que preside Ramón Marí. Para el primer edil, "el documento confirma la legalidad de los trámites que hemos seguido para la construcción de la estación de tren, cuyas obras concluyen en febrero del próximo año". Ramón Marí mantiene que la denuncia, cuyo titular se desconoce, "se debió a fugas de información por puros intereses políticos". 

En el informe que el Ayuntamiento de Albal presentará al pleno se apunta que cuando se aprobó el convenio con Adif en 2019, fue objeto de alegaciones e incluso de sendos recursos de reposición, por parte de dos concejales que votaron en contra de mismo, "alegaciones y recursos que fueron desestimados por el pleno municipal en julio de 2019, sin que se presentara posteriormente recurso contencioso-administrativo", añade el primer edil. El primer requerimiento de la Agencia Antifraude fue en noviembre de 2020, desde entonces, el consistorio ha aportado la documentación requerida que se completará con el informe técnico de Bañó León y cuyo principal objetivo es desestimar la concurrencia de las posibles irregularidades, así como solicitar a Antifraude que archive el expediente.