Aboraia saldará 3 millones y medio estos meses para acercarse al final de la deuda del consistorio

VALÈNCIA (VP). El Ayuntamiento de Alboraya ya está muy cerca de llevar a 0 su histórica deuda bancaria, la de las facturas sin pagar, que el actual gobierno municipal se encontró en 2013 y 2014 del anterior equipo directivo. El Consistorio saldará durante estos meses 3 millones y medio más de euros para pagar la deuda bancaria, según contemplan sus Presupuestos Municipales 2024.

Con este movimiento, situará lo que fuera una deuda viva de 49.216.000 hace 10 años a 9.709.000 en 2024, un ritmo constante que año tras año ha ido llevando la curva hacia abajo con el pago habitual de 4 millones de euros aproximadamente, sacados de las arcas municipales anuales. La cifra ya está más cerca que nunca de llegar a 0, alcanzando un mínimo histórico anterior al año 2008.

El alcalde, Miguel Chavarría, avanza que es "muy probable que en esta legislatura demos carpetazo final a esta histórica deuda que nos llevó en su día a encabezar la lista de los municipios más endeudados de España. Lo estamos resolviendo sin haber hecho peligrar los servicios, potenciándolos y permitiendo que Alboraya avance hasta el punto de haber recuperado la piscina de verano, por ejemplo". Eso sí, matiza: "Esto no quiere decir que nos libremos de todos los pagos pendientes".

Deudas pendientes y resueltas

Y es que Alboraya tiene que hacer frente todavía a un gran número de deudas generadas en el anterior gobierno: los 29 millones de euros del soterramiento del metro (para lo que Chavarría llegó a un acuerdo de ir pagándolo en 39 años), la liquidación de CRIDA (una empresa creada en 2007 y que desde el principio generó pérdidas), los dos complejos deportivos (Piscina Cubierta de Alboraya en la Ciutat de l'Esport y SUMA Fitness Club en La Patacona, a quienes hay que pagar la construcción de sus instalaciones).

Como contrapunto, Alboraya se quitó de encima recientemente la deuda de Egusa, que ascendía ya a 35 millones de euros tras la sentencia de un juez que sumó el pago de la constructora de la fallida nueva marina de Port Saplaya y los intereses generados posteriormente ante la falta de un acuerdo entre todos los grupos políticos municipales.