Alcaldes de poblaciones pequeñas ven difícil usar el plan de Marzà para agilizar la construcción de colegios

VALÈNCIA. Un día después del anuncio del nuevo plan para la construcción y mejora de colegios en la Comunitat Valenciana al que se destinará 700 millones empiezan a surgir las dudas sobre si será posible llevarlo a cabo con facilidad. La Conselleria de Educación recurrirá a los ayuntamientos para agilizar la burocracia y conseguir cumplir los tiempos marcados por el departamento de Vicent Marzà pero todos no lo ven viable.

El nuevo plan pone en manos del ayuntamiento el diseño y la licitación de los colegios mientras que es la Generalitat quien paga a las empresas de construcción, pero no todos los consistorios cuentan con suficiente personal para abordar el problema. Para quien a priori parece más difícil es para poblaciones con menos de 15.000 habitantes, ya que suelen tener entre su personal a uno o dos arquitectos, quienes deberían encargarse del proceso pero que dedican el día a día a cuestiones habituales de un municipio. Licencias de obra, cédulas de habitabilidad, comercios..., no están cruzados de brazos. 

Guardamar del Segura tenía previsto para el primer trimestre de 2017 la puesta en marcha de su escuela -CEIP Dama de Guardamar- y por suerte ya están a punto de iniciar las obras tras más de diez años en barracones después de que Educación haya realizado los trámites para el diseño y las licencias. "Llamamos a Conselleria para preguntar en cuanto supimos del plan porque en el Ayuntamiento no tendríamos la capacidad de asumir esa tarea", asegura José Luis Sáez, alcalde de esta localidad de unos 15.000 habitantes. "Se nos dijo que todo seguía igual, la hoja de ruta prevista", añade.

Tampoco lo ven claro desde Muro de Alcoi -9.000 habitantes-, quien tiene prevista la construcción del colegio El Bracal, del que se presentó la redacción del proyecto en octubre. "Es abusar de los ayuntamientos. Ya lo hicieron con la Xarxa Llibres", lamenta Fani Juan, concejal de Educación por Esquerra Unida. "Nosotros no tenemos ni infraestructura ni capacidad de gastos para afrontar la construcción de un colegio", señala. "Esto es un poco extraño y peculiar".

A la lista de poblaciones con menos de 15.000 habitantes se suman otras tantas como Meliana o Pedreguer y otros municipios mucho más pequeños de entre 1.000 y 5.000 habitantes como Chelva, Gilet o la Font d' Encarrós, quien tiene que hacer frente a una rehabilitación integral. 

Los municipios grandes lo ven una oportunidad

Otro de los ayuntamientos consultados por la medida es Gandia, cuyo colegio CEIP Les Foies, en la zona del Grau, está dentro de los centros prioritarios para llevar a cabo las actuaciones. De hecho, los barracones de este centro educativo empezaron a funcionar como anexo al colegio Joan XXIII hace ya siete años y todavía no hay fecha para su reforma. En ellos estudian 165 niños de infantil y primaria.  

La titular de Educación de Gandia, Laura Morant, ha abrazado con satisfacción la medida puesto que "agilizará el proceso de reconstrucción o rehabilitación de los centros porque todo se gestionará desde el ayuntamiento, facilitando los trámites y los tiempos en su ejecución". Sin embargo, la concejal de Més Gandia sí ha cuestionado que pueda ser bien recibida en aquellos consistorios más pequeños pues "la falta de personal puede dificultar la viabilidad de la medida". 

El alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el socialista Rubén Alfaro, es uno de los que ha acogido con entusiasmo la idea del Consell de apoyarse en los ayuntamientos para agilizar su plan de infraestructuras educativas. Elda es precisamente uno de los municipios implicados, y Alfaro ya avanzó al término de la primera jornada del debate que va a poner a trabajar a los técnicos municipales para poder llevar a cabo el proyecto. Para el socialista, se trata de una cuestión de voluntad política. 

"El plan presentado este miércoles por el president Ximo Puig es una magnífica oportunidad para los ayuntamientos que tienen necesidades en infraestructuras educativas", defiende. "Aunque hemos de esperar al Decreto para saber los pasos a seguir, es un gran avance que se de protagonismo a los ayuntamientos en la redacción de los proyectos, la licitación y la dirección de obra, ya que es una manera de descentralización administrativa y de que se enfoquen las necesidades desde un prisma de proximidad. La cooperación entre las diferentes instituciones públicas, como se pone de manifiesto con este plan, es siempre beneficiosa y supone un salto cualitativo para avanzar en un modelo de Comunitat más participativa, transparente y eficaz".

Con todo, cabe plantearse si podría ser una solución para los pequeños municipios que en el caso de no poder contratar los servicios de personal para llevar a cabo su función pudieran recurrir de alguna forma a las diputaciones o a las mancomunidades. Esto les permitiría poder sumarse al diseño de su colegio y, como señalaba Alfaro, realizar una infraestructura con información de primera mano y a la que sacar el máximo partido. No obstante, todavía falta por ver cómo se desarrolla la norma al completo y ver si, en el caso de desatascarse las obras en los municipios grandes, es posible dar una salida más rápida a las pequeñas.