VALÈNCIA. España será, junto con Italia, el país que más dinero reciba del denominado Next Generation EU (NGEU), un ambicioso plan de recuperación económica post pandemia articulado por la Comisión Europea y que supone el mayor paquete de financiación aprobado en la historia del Consejo Europeo. De los 750.000 millones de euros con los que ha sido dotado el NGEU, 140.000 millones serán para España. El desembolso se hará de manera escalonada durante un periodo de 6 años, hasta finalizar en 2027. Del total asignado a nuestro país, unos 70.000 euros serán en forma de transferencias directas y los otros 70.000 en forma de créditos.
Aunque cada Estado miembro de la Unión dispone de cierta autonomía para distribuir los fondos, existen una directrices que llegan marcadas desde la Comisión Europea. Al contrario de los fondos estructurales adjudicados en tiempos de Felipe González para crear infraestructuras que pusiesen a España a la altura del resto de los países comunitarios, los de ahora van destinados a la recuperación y transformación económica del país. Con vistas, además, a algunos aspecto clave como son la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión. Otra diferencia importante de éstos con respecto a aquellos es la rapidez de ejecución y el reporte a corto plazo de los logros que se vayan obteniendo.
“Transición ecológica y digital. El 80% de los fondos van para eso. Esto no va para hacer I+D, que para esto existen otros programas y fuentes de financiación. Aquí hablamos de inversiones a corto plazo, de ejecutar en un periodo de tiempo muy reducido, con un impacto y capacidad para medir los resultados, los KPIs de todas las inversiones”, explicaba Francisco Estevan, consejero delegado de la aceleradora Insomnia, en una exposición sobre el tema en la última edición del Fitur.
Dentro del marco del Next, trazó el Gobierno de España el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia a modo de hoja de ruta en el camino a ese crecimiento sostenible e inclusivo. El plan se fundamente en 10 políticas palanca, donde Industria, pyme, turismo y emprendimiento; Transición energética; Agenda urbana y rural, despoblación y agricultura; y Ciencia, Innovación y Salud acumulan en torno al 70% de la inversión. Con esto viene a decir el Gobierno dónde están las prioridades de gasto público.
Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para 2021, consignan ya una cantidad de 26.634M€ con cargo a los fondos de recuperación Next. Alineados con los objetivos comunitarios hacia esa transición verde y digital se destina, por ejemplo, 17.210 millones para reforzar la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo. Otro de los programas que se ha impulsado es el del desarrollo rural junto al del turismo sostenible donde se prevén también oportunidades de negocio, así como en la transformación energética o en la economía de los cuidados, datada esta última en los PGE con 8.988 millones de euros.
No obstante, el objetivo es que el Plan de Recuperación se vaya articulando de forma transversal, con la intervención de los distintos ministerios, las administraciones comunitarias y locales y otras entidades públicas y privadas.
En lo que respecta a los Ministerios, a cada uno de ellos le corresponde lanzar lo que se ha dado en llamar Manifestaciones de Interés (MDIs). Vendría a ser una especie de barrido por todos los ministerios de aquellos grandes proyectos prioritarios de su competencia y subsectores. Las Comunidades Autónomas y las entidades locales están también capacitadas para anunciar Manifestaciones de Interés asociadas al Plan de Recuperación. De todas estas se extraerían los que se conocen como proyectos tractores, es decir, proyectos considerados estratégicos por su capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía nacional, con un alto componente de colaboración público-privada. A estos se los denomina PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).
Todos los PERTE deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros, siguiendo criterios objetivos y transparentes. Aquellos proyectos que se declaren dentro de dicha categoría, recibirán un trato preferente no solo en cuanto a la financiación, con suculentas subvenciones estatales, sino también en lo que atañe a la flexibilización de los procesos o eliminación de barreras burocráticas. Para el seguimiento de esta nueva figura se prevé la creación de un Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que deberán inscribirse aquellas entidades interesadas.
El PERTE puede solicitarse bien como proyecto particular, más relacionado con grandes corporaciones, bien integrado en un proyecto compartido. Es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente. También las empresas pueden presentarse a Manifestaciones de Interés sectoriales de menor envergadura.
Según Javier Vázquez Matilla, experto en contratación pública, la fórmula indicada para propiciar que las pymes u otras organizaciones pequeñas puedan beneficiarse de un PERTE sería la concurrencia en “proyectos contenedores”, es decir, una especie de consorcio donde pymes de distintas áreas aportasen valor dentro de su especialidad en un proyecto conjunto.
También Francisco Estevan señaló en su ponencia de Fitur algunas tácticas para poder participar en estos superproyectos. “Tener capacidad de repensar los modelos de negocio existentes en torno a un sector y transformarlo”, fue la primera nota apuntada. Otra fue apostar por proyectos clusterizados donde actores de un mismo sector y diferente tamaño aceleren la transformación. Proyectos interregionales en los que intervengan distintas comunidades autónomas, la confluencia de distintas tecnologías y distintas industrias en un mismo proyecto y la colaboración entre corporate, startups y empresas de todo tipo son otras de las claves apuntadas y que se orientan más a la coompetencia que a la competencia.