ALICANTE. No se aplicará ningún hipotético blindaje sobre el litoral, ni medida adicional respecto a los proyectos de mejora del tratamiento de las aguas residuales ya en marcha que pudiese llegar a conllevar la declaración de la bahía de Alicante como zona sensible. Cuando menos, así se ha evidenciado este jueves, en el transcurso del pleno ordinario de junio, en el que se ha desestimado la declaración institucional promovida por el PSOE en ese sentido.
El edil socialista Raúl Ruiz, encargado de defender la propuesta, ha considerado que "la bahía de Alicante nos está pidiendo auxilio" tras aludir a las conclusiones recogidas en el informe Banderas Negras elaborado por el colectivo Ecologistas en Acción, en las que se incluye por primera vez la bahía de Alicante como consecuencia de la emisión de vertidos sin el tratamiento debido a distintos puntos del litoral que habrían valido la consideración de la bahía en situación de vulnerabilidad. De ahí que haya emplazado al conjunto de grupos políticos a respaldar la propuesta, que también se ha elevado a través de una Proposición no de Ley en les Corts, después de que el portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante, Carlos Arribas, haya desgranado el contenido del informe en lo que respecta a la ciudad de Alicante en una intervención previa ante el pleno.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha subrayado la existencia de esos vertidos sin el tratamiento adecuado cada vez que se produce un episodio de lluvias con cierta intensidad, lo que produciría el deterioro de la calidad de las aguas del litoral. Así, ha anticipado su respaldo a la propuesta para que puedan adoptarse medidas de protección ante la situación de vulnerabilidad. Por Compromís, la edil Sara Llobell, también ha avanzado su respaldo a la propuesta, tras subrayar la trascendencia del proyecto Vertido 0 con el que se prevé una inversión de más de 300 millones para mejorar el sistema de tratamiento de las depuradoras de la ciudad, entre otras acciones. Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, se ha cuestionado si cabe preocuparse por las conclusiones del informe de Ecologistas en Acción y ha advertido a Copé sobre sus manifestaciones al recordarle que es consejero de Aguas de Alicante. Por último, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado que Alicante ha vuelto a recoger este año cinco banderas azules, por lo que no cabría dudar sobre la calidad de las aguas. "La promoción que están haciendo ustedes de Alicante no puede ser peor", ha señalado como reproche a la propuesta promovida por el PSOE, a quien también ha advertido de su equiparación con Compromís y Esquerra Unida Podem, con lo que, según ha dicho, se desvanecería la posibilidad de que se pudiese alcanzar algún acuerdo con el PP.
El PP recrimina al PSOE y al conjunto de la izquierda que se traslade una imagen peyorativa sobre la calidad de las aguas de baño de la ciudad
Por último, antes del turno de votación, el alcalde, Luis Barcala, se ha referido también al proyecto de 'Vertido 0', ahora conocido como 'Alicante agua circular', para sostener que fue elaborado por técnicos municipales y de Aguas de Alicante y señalar que se presentó a la concesión de fondos europeos. A la espera de respuesta a esa solicitud, ha añadido que el proyecto está en fase de desarrollo mediante el uso de fondos propios del Ayuntamiento. Así, ha emplazado a cualquier interesado a sumarse al respaldo a ese propuesta, por lo que ha considerado que no cabría que nadie tratase de "dar lecciones" al equipo de gobierno respecto al tratamiento de las aguas y la posibilidad de su reutilización para fines agrícolas o de riego de zonas verdes. De este modo, en última instancia, la iniciativa política ha quedado desestimada con los 13 votos de los representantes del PP y los de los cuatro ediles de Vox, frente a los 8 votos a favor del PSOE, los dos de Compromís y el del único concejal de Esquerra Unida Podem.
El debate nacional, en Alicante: 'lawfare', EBAU, financiación...
Con carácter previo, el pleno también ha aprobado una primera declaración institucional promovida por el equipo de gobierno, del PP, por la que se acordaba instar al Gobierno de España a "respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a informar de los medios de comunicación". Se trata de una iniciativa en la que, según ha defendido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, se pretendería recordar la vigencia del derecho constitucional a la libertad de información, tras acusar al PSOE de tratar de restringir ese derecho frente a los medios de comunicación críticos con su gestión, hasta el punto de referirse a que, con la excusa de evitar casos de lawfare, se estaría pretendiendo evitar que se informe sobre "casos de corrupción" que, a su juicio, afectarían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el debate, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha sostenido que el derecho constitucional a la libertad de información se refiere a la protección de la información veraz, por lo que ha advertido de los riesgos que supone la difusión consciente de información falsa. Además, ha aprovechado su turno de palabra para demandar que se cumpla ese derecho a la información para que se facilite la documentación solicitada por la oposición. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado que la declaración no tenga ninguna vinculación con la ciudad de Alicante y ha emplazado a De España a preocuparse de sus competencias, sin defender a "pseudomedios". Además, ha emplazado a la edil de Derechos Públicos, Begoña León, a no coartar el desarrollo de la manifestación prevista con motivo de la celebración del Día del Orgullo en Alicante.
El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que las iniciativas promovidas por el Gobierno frente al lawfare son un intento de "triturar" las opiniones críticas. Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha aludido a decisiones relacionadas con la Comunitat, como el tratamiento informativo que se le confirió en el antiguo canal de televisión autonómica Canal 9 respecto al accidente del metro de la ciudad de València bajo el gobierno del PP. Y, por último, se ha referido al tratamiento de los atentados del 11-M conferido por José María Aznar como presidente del Gobierno. Por último, el alcalde, Luis Barcala, ha redirigido el debate al objeto de la declaración, para señalar que la iniciativa política pretendía defender el derecho constitucional frente a la posible "censura". A la postre, la propuesta ha quedado aprobada por 17 votos a favor (PP y Vox) frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem).
El PP ha promovido -y aprobado junto a Vox- cuatro iniciativas sobre aspectos relacionados con la política nacional, como la regulación frente al 'lawfare', la financiación autonómica, la reforma de la EBAU y la falta de médicos especialistas
También se ha debatido y aprobado una segunda declaración institucional promovida por el PP en la que se instaba "al Gobierno de España a paralizar la implementación de una nueva prueba de acceso a la universidad hasta que se logre un consenso mayoritario con las Comunidades Autónomas para garantizar una EBAU más justa y equitativa estableciendo criterios homogéneos en todo el territorio nacional". El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha vuelto a reprochar el debate de la propuesta al no contemplar ninguna referencia particular sobre la ciudad de Alicante y ha sostenido que la revisión de la EBAU se está planteando con las aportaciones de expertos.
La edil de Compromís, Sara Llobell, ha pedido "seriedad" respecto a la EBAU para incidir en que se trata de una prueba que evalúa competencias, no contenidos, y ha recriminado que se trate de eliminar la parte autonómica. La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha anticipado su respaldo a la propuesta al insistir en que la EBAU debe cumplir las mismas condiciones en todo el territorio. Y el edil del PSOE, Emilio Ruiz, ha considerado que las competencias sobre educación son distintas en cada autonomía por lo que no puede promoverse una EBAU única. En todo caso, ha emplazado al PP a fomentar la igualdad de oportunidades en educación desde la Generalitat. En el turno de la votación, la propuesta ha sido respaldada con 17 votos, frente al rechazo de otros 11 por parte de los tres grupos del eje progresista.
También ha prosperado la tercera de las declaraciones institucionales promovidas por el PP por la que se proponía "instar al Gobierno de España a reconsiderar la propuesta de otorgar a Cataluña un régimen de financiación similar al 'Cupo Vasco', debido al impacto negativo que tendría en la redistribución justa de la riqueza entre todas las comunidades autónomas y en la economía de las provincias más infrafinanciadas, y se adoptan otros acuerdos complementarios". El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha emplazado al conjunto de formaciones políticas a votar con criterio propio para evitar discriminaciones en la financiación territorial. El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que el sistema de financiación actual es insuficiente "y debe ser cambiado" con el objetivo de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad. Así, ha considerado oportuno un nuevo sistema estable, no sujeto al momento político concreto y a la desigualdad entre comunidades, que no debería ser compatible con una bajada de impuestos.
