Alicia en el laberinto de los derechos y las libertades

Jim Henson banalizó, en Dentro del laberinto, la adaptación apócrifa que realizo para la gran pantalla del clásico Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Me pongo en modo serio y circunspecto porque parece que muchos están en modo avión ante un momento histórico en el que el Poder Ejecutivo parece haber consumado el asalto al Poder Judicial con los últimos nombramientos en importantes puestos de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. ¡Si Montesquieu levantara la cabeza…! Estamos asistiendo impertérritos ante el diseño de un laberinto cuyos muros se levantan en cada recodo para disuadir en el ejercicio de los derechos y libertades a través de los tribunales, uno de los brazos armados del Estado de Derecho, junto a las Fuerzas Armadas. 

Y ello, pese a última recomendación de la Comisión Europea, que está ojo avizor y que el pasado lunes hizo pública su Council Recommendation on the 2017 National Reform Programme of Spain and delivering a Council opinion on the 2017 Stability Programme of Spain. Así es de largo y en inglés, porque aún no hay traducción. Una de las recomendaciones, precisamente, incide en la merma de la lucha contra la corrupción con la reforma del Gobierno Rajoy de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, respecto a acotar los periodos de investigación de la Fiscalía.

“Se necesitan más esfuerzos para mejorar la eficacia de los sistemas de justicia, y para prevenir y luchar contra la corrupción”, le dice la Unión Europea a España. Alarmados por tantos casos de corrupción política que afectan, especialmente, al partido en el gobierno, la Comisión se pregunta por qué la reforma de 2015 limita “ el tiempo asignado a las investigaciones”. Y añade que “esta medida podría provocar impunidad en casos complejos de corrupción para los que los plazos no serían suficientes”.

Ante este panorama de alerta naranja en Bruselas sobre los casos de corrupción en España, el gobierno del Partido Popular ya se ha visto envuelto recientemente en la “crisis de los fiscales”, con la rebelión de la Fiscalía Anticorrupción contra su jefe por la investigación del ex presidente de la Comunidad de Madrid y su ingreso en prisión. Y ahora la alerta es máxima, con los recientes nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrado éste por la mayoría parlamentaria cada cinco años, en este caso por la que ostentaba el PP y que ahora no es representativa.

Suelo ser partidaria de las teorías conspiratorias, aunque reconozco que seleccionan aquellos hechos que confirman el prejuicio. Pero creo que lo que estamos viendo ahora responde a un plan predeterminado para, primero, tener un CGPJ dirigido por un ideólogo de la derecha judicial autoritaria, inteligente y excelente técnico jurídico, Carlos Lesmes; manejar los nombramientos gubernativos y, después o coetáneamente, los jurisdiccionales. Estamos asistiendo, pues, a un periodo regresivo en el tema de las libertades y existe un plan diseñado para promover a determinadas personas de espectro conservador en el poder judicial.

Por supuesto que los nombramientos están reglados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)…, pero el nombramiento de Manuel Marchena como presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. Recordemos, Marchena fue nombrado en 2012 a propuesta del entonces ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, por acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, como Presidente de la Comisión institucional para la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Qué casualidad, la misma reforma que cuestiona la Comisión Europea en sus recomendaciones. Y, qué casualidad, nombrado por quien está en el ojo del huracán de la Fiscalía Anticorrupción. Hombre competente, listo y de perfil conservador, se dice que “está interviniendo junto con Lesmes y la Fiscalía General del Estado en decidir quiénes van a los puestos de más relevancia en la Fiscalía y de la AudienciaNacional”.

Ya hemos asistido la pasada semana al escándalo de nombramientos en la Audiencia Nacional, los de Concepción Espejel y Enrique López. Ambos fueron apartados del caso Gürtel hace un año por su afinidad con el PP y tras su recusación por la Generalitat Valenciana en el caso de la visita del Papa. La primera presidirá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. López, que fue nombrado además vocal del Poder Judicial por el PP, ocupará una de las dos plazas de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Es decir, estará en la última instancia de los casos más importantes de corrupción que afectan al Partido Popular. Como declaró el portavoz de Jueces para la Democracia (JD), Joaquim Bosch: “Es lógico que salten muchas alarmas”.

Y en todo esto, favorecen a Carmen Llombart —antes presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia y hoy vocal del Poder Judicial— sacando a concurso una plaza en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), antes que otras en otros TSJ’s, para que pueda beneficiarse de una preferencia que se le acababa el 12 de mayo de este año. Me explico. El mismo Consejo, del que forma parte, saca a concurso una plaza en un tiempo determinado que le beneficia. “Parte del plan para acabar, entre otras cosas, acorralando —aún más— a Pilar de la Oliva”, me explican… De la Oliva es la presidenta del TSJ valenciano.

La plaza en la Sala de los Civil y Penal del TSJCV no es una plaza discrecional. Se resuelve por antigüedad y, en su caso, la vocal del CGPJ se ha beneficiado de la prioridad que le otorga el artículo 340 LOPJ, al haber concursado a dicha plaza dentro de los dos años siguientes al cese como presidenta de la Audiencia Provincial. El problema no está en eso, sino en que la plaza haya salido a concurso antes que otras plazas idénticas creadas en otros TSJ’s. ¿Cabe inferir que se ha prevalido de su condición de Vocal para lograr algo que, de otro modo, no habría conseguido? Es decir, ¿que la plaza saliera a concurso antes de que expirara el periodo durante el que tenía preferencia absoluta? Y saltan las alarmas… “Es una cuestión de alteración de los procesos ordinarios para conseguir que una determinada persona adquiera algo que no habría obtenido. Y así es cómo la derecha judicial va llegando a los puestos clave”, me dicen.

De otro lado, con este nombramiento, además, el Ministerio de Justicia “estrangula la Sala que examina la corrupción en Valencia”, según explica muy bien mi compañero de El Mundo Juan Nieto. Y es que, en lugar de poner en marcha una nueva Sala de apelaciones en el TSJ valenciano, el Consejo ha creado solamente una única plaza de magistrado para la Sala Civil y Penal. Por cierto, la misma modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que hemos hablado, establece una segunda instancia penal largamente reclamada por las instituciones europeas al gobierno español en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ’s.

En todo caso, bien estaría modificar la LOPJ para que los vocales del Consejo no pudieran participar en concurso alguno —salvo Saber y ganar, donde bastantes harían un ridículo extremo, y yo también…— durante sus cinco años en el cargo. ¡Ojo!, la ocurrencia no es mía, sino de mis fuentes. Pero, sobre todo, habría que modificar este extremo de la ley antes de que nos la modifiquen desde Bruselas. Porque, lo que hay en este momento, es un laberinto cuyas piezas encajan a la perfección.