Carlos Mazón, junto a consellers de Vox. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La estructura básica del Gobierno autonómico fue aprobada este martes en un pleno extraordinario del Consell, en el que también se dio luz verde a una veintena de nombramientos de parte del segundo escalón –secretarios autonómicos y subsecretarios– con llamativos fichajes. La mayoría de altos cargos, como era de esperar, corresponden al PP, mientras que Vox ostentará un pequeño porcentaje.
El nuevo organigrama del Gobierno valenciano se compondrá del ya conocido presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus nueve consellers, junto a 10 subsecretarios, 26 secretarios autonómicos y 75 directores generales. Un total de 121 cargos encargados de llevar a buen puerto las políticas del Ejecutivo compartido por PPCV y Vox.
Así, con el diseño hecho público este miércoles, se evidencia la lógica superioridad de la formación popular en cuanto a su dominio de la estructura, al ser el partido más votado en las elecciones autonómicas. 99 cargos en total (7 consellers incluido el president, 7 subsecretarios, 22 secretarios autonómicos y 63 directores generales) por los 22 que manejará Vox (3 consellers, 3 subsecretarios, 4 secretarios autonómicos y 12 directores generales). En total, el partido de extrema derecha controlará algo más del 18% de los altos cargos del Gobierno valenciano: una cifra en cierta medida relevante a primera vista, pero cuyo peso se determinará a posteriori en el reparto presupuestario. Y es que las áreas que Vox controla (Cultura, Justicia y Agricultura) no suman ni de lejos el 10% de las últimas cuentas del Consell.
Al margen de estas cifras generales, con la estructura presentada ya se pueden aclarar muchas de las dudas que flotaban en el ambiente en las últimas semanas respecto a cómo se organizarían las distintas áreas del Consell, especialmente tras el anuncio de Mazón de recortar departamentos que ya avanzó con la designación del Ejecutivo y el reparto de secretarías autonómicas. De estas últimas habrá, en total, 24. El PPCV ocupará 20 y Vox 4.
Las secretarías autonómicas pasan de las 29 aprobadas inicialmente por el anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en 2019, a la veintena –al margen de la Abogacía de la Generalitat o la Intervención General–. La minoración por parte del PPCV está justificada en la necesidad de "reducir el gasto político". Según la cifras ofrecidas por Mazón, comportará un ahorro anual de 800.000 euros en sueldos públicos, lo que supone cerca de 3 millones de euros a lo largo de la presente legislatura. No se trata de un ahorro sustancial en el grueso de un presupuesto de miles de millones de euros cada año, pero sí un gesto de adelgazamiento de la administración que además era una promesa electoral.
Como decisión destacada, el presidente de la Generalitat ha mantenido algunas estructuras de Consellerias que ya tenía el Botànic. Es el caso de Igualdad y Servicios Sociales, a la que el PP ha dado rango de vicepresidencia segunda –en las dos anteriores legislaturas fue vicepresidencia primera y la ostentó Mónica Oltra hasta su salida–. De este modo, seguirán por ejemplo las tres secretarías autonómicas que se crearon en el departamento. Entre ellas, la de Sistema Sociosanitario, que es transversal a nivel organizativo y se usa para desarrollar el complejo sistema de Servicios Sociales. La liderará el exdirigente de Ciudadanos Emilio Argüeso.
También la mayoría de direcciones generales, que pasan a renombrarse y a las cuales se añadirá un comisionado o comisionada para la lucha contra la Violencia sobre la Mujer. Esta peculiar figura fue usada con bastante soltura por parte del exjefe del Consell Ximo Puig en la pasada legislatura, que creó varias. En el decreto del nuevo Ejecutivo de Mazón figura, por el momento, la citada.
Como novedad, desde Igualdad y Servicios Sociales se gestionarán también las competencias de Vivienda, que en la última legislatura del Botànic tenían rango de Conselleria. Ahora estarán en una secretaría autonómica y una dirección general.
Ocurre lo mismo en Presidencia, donde las secretarías autonómicas no distan demasiado de las de Puig. Lo que sí se modifica, no tanto numéricamente como en competencias, son las direcciones generales. En ellas se incorpora, por ejemplo, una de transparencia y participación –lo que durante la etapa del Botànic fue una Conselleria–, una de simplificación administrativa –destinada a la reducción de la burocracia– y una de proyectos estratégicos. Desde Presidencia, además, se gestionarán los Fondos Europeos.
En Cultura se mantiene la estructura completa disgregada de Educación, mientras que en esta última se añade Empleo. En Hacienda se fusiona la estructura con la de Economía, por lo que se reducen algunos altos cargos. Eso sí, se incorporan las competencias de Función Pública, que antes estaban en Justicia (donde se mantiene Seguridad y Emergencias).
En Sanidad siguen prácticamente las mismas secretarías autonómicas y direcciones generales con el añadido de la de Atención Primaria. Con Medio Ambiente y Agua disgregadas de Agricultura –y las cuales pasan a estar en Territorio–, también existe una fusión de estructura y cierta reducción de altos cargos.
Por último, se encuentra la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Una macroárea en la que también se juntan materias –y por tanto estructura– de otros departamentos.
Con la estructura aprobada este miércoles, se contabiliza que el nuevo Gobierno valenciano tendrá de inicio 121 cargos; 30 menos de los que disponía el Consell del Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en la recta final de la legislatura, tal y como informó este diario.
Bien es cierto que, al principio del pasado mandato, en el decreto de 2019 aprobado por entonces presidente, el Ejecutivo diseñado se componía de 140 miembros, pero una legislatura da muchas vueltas y se producen cambios en la estructura que en ocasionas derivan en la creación de nuevos puestos según las necesidades de los gobiernos. El Botànic acabó el mandato con 151 altos cargos en total.
Además, cabe recordar que en las estructuras iniciales hay cargos que no aparecen definidos –por ejemplo, la dirección de una agencia o instituto– que luego sí figuran en el organigrama final dado que sus poseedores tienen rango de director general o incluso secretario autonómico, por lo que tampoco es descartable que el diseño dibujado por PP y Vox se incremente en algunos puestos más.
No obstante, de mantenerse esta diferencia de 30 cargos, el ahorro del nuevo gobierno respecto al último del Botànic sería, calculando un sueldo medio de 55.000 euros anuales, de algo más de 6,5 millones en los cuatro años de legislatura.
Ahora bien, está por ver si Mazón podrá cumplir su promesa –y que aparece en su programa de gobierno– de "reducir los cargos de libre designación y asesores al 50%, con un máximo de diez consellerias". La decena de carteras ya es una realidad, si bien la reducción de altos cargos no es tal y, en cuanto a los asesores, todavía está por ver. El presidente, durante la campaña, insistió en este recorte a la mitad basándose en la existencia de 350 altos cargos y asesores en el Consell del Botànic, aunque los datos oficiales de la Generalitat, tal y como publicó este diario, situaban esa suma en 267.
