VALÈNCIA. (EP) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes al Gobierno de que no aceptará ni elevar el periodo de cálculo de las pensiones ni una congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021.
De hecho, ha pedido que el SMI llegue a los 1.000 euros mensuales el próximo año, frente a los 950 euros actuales, y que a final de legislatura se sitúe en el entorno del 60% del salario medio, esto es unos 1.200 euros al mes.
Sobre el periodo de cálculo de la pensión, Álvarez ha subrayado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que "no es serio" hablar ahora de subir el cómputo para calcular las pensiones cuando aún no ha terminado de desplegarse la reforma de 2011 que estableció la ampliación progresiva tanto de la edad legal de jubilación como del periodo de cálculo.
Así, y respecto a las informaciones que apuntan que el Gobierno estaría barajando elevar ese periodo de cálculo de 25 a 35 años, Álvarez ha afirmado que se trata de una hipótesis que ni siquiera ha sido confirmada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que no se ha puesto sobre la mesa del diálogo social.
En todo caso, ha dejado claro que su sindicato no aceptará subir el periodo de cálculo (este año se toman los últimos 23 años cotizados para determinar la pensión, el próximo año se tendrán en cuenta 24 años y en 2022 serán los últimos 25 años) ni tampoco dará su visto bueno a cualquier otra medida que suponga recortes en las cuantías de las pensiones.
"No aceptaríamos negociarlo", ha insistido Álvarez, que ha criticado que se lancen estos "globos sonda" que intranquilizan a los pensionistas y ha instado al Gobierno a centrarse en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Así, ha recordado que el Ejecutivo debe ir hacia una revisión anual de las pensiones con el IPC, como pide el Pacto de Toledo, frente a las "voces" que ahora plantean otros elementos distintos a los precios para la actualización anual de las pensiones.
Asimismo, ha reiterado que, para su sindicato, la derogación de la reforma de 2013 que aprobó el Ejecutivo del PP sin consenso es "condición necesaria" para seguir negociando en el diálogo social la reforma del sistema de pensiones.