Ambiente de prehuelga en los puertos: los estibadores paran en toda España para celebrar asambleas 

VALENCIA. El sindicato mayoritario de los estibadores, Coordinadora, ha convocado una asamblea general para todos los empleados de Sevasa, la empresa que agrupa a los trabajadores portuarios en el Puerto de Valencia. El encuentro ha obligado a paralizar la actividad en las terminales desde las 12:00 horas de este viernes y hasta la finalización de las asambleas.

En el caso del Puerto de Valencia, la actividad en los muelles se ha retomado a primera hora de la tarde, pero las retenciones de camiones que se han producido como consecuencia del cierre del acceso sur provocan que la vuelta a la actividad se esté llevando a cabo con lentitud.

El motivo de la convocatoria era informar sobre las negociaciones con la patronal de las empresas estibadoras, Anesco, para pactar una postura común en la propuesta que el Gobierno trasladará a Bruselas para cumplir con la sentencia del TJUE que obliga a acabar con el monopolio de la estiba.

"La asamblea es muy importante, por lo que al igual que en todos los puertos españoles se parará la operativa para poder acudir", aseguraba el sindicato en la convocatoria.

Los paros se realizan tras haber trascendido que el Gobierno ultima un decreto ley para cumplir con la sentencia del TJUE antes de abril, para lo que ha lanzado un ultimátum a empresas y estibadores.

Tal y como informó este periódico, el objetivo es que la norma pueda aprobarse a principios de abril para comenzar a operar de inmediato con el nuevo régimen, de ahí que se haya optado por la vía del decreto ley en lugar de por una reforma de la Ley de Puertos.

Si no cumple la sentencia, que obliga a acabar con un régimen de contratación considerado ilegal porque impide la libertad de establecimiento, España se expone a una millonaria sanción. El pasado mes de julio, la Comisión Europea interpuso una segunda denuncia en el TJUE ante el incumplimiento del fallo original, dictado el 11 de diciembre de 2014.

Bruselas reclama que se castigue a España con el pago de 27.522 euros por cada día de incumplimiento a contar desde esa fecha. Adicionalmente, reclama que se le imponga una "multa coercitiva" de 134.107,2 euros al día que empezaría a contar desde el momento en el que el TJUE dicte la nueva sentencia y hasta que se ejecute por completo.