Maria Josep AmigóVALÈNCIA. (EFE) La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, de Compromís, ha admitido este viernes que los miembros del equipo de gobierno provincial se han planteado ya que "hay que hacer una reflexión" en torno a la empresa pública de esta corporación Divalterra, la antigua Imelsa.
Amigó ha hecho estas declaraciones a los medios a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, donde esta mañana declara como testigo ante el instructor de la causa abierta tras la operación Alquería por malversación y prevaricación en contratos de alta dirección en Divalterra.
Junto a la diputada provincial de Compromís están citados como testigos este viernes el resto de representantes políticos en el consejo de administración de esa empresa pública: Pablo Seguí (PSPV), Rafael Soler (PP) y Jorge Ochando (Ciudadanos).
Amigó ha dicho que desconoce el contenido de la causa, pues está declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 9 que la lleva desde el pasado 26 de junio, y ha garantizado que su colaboración con la Justicia "es total" y que venía a prestar su testimonio "con la voluntad de colaborar".
Preguntada si deben dimitir de sus cargos los cinco investigados que aún siguen en sus puestos -Jorge Rodríguez dimitió el pasado lunes como presidente y renunció al acta de diputado provincial-, ha respondido que eso lo deben decidir los partidos políticos a los que pertenecen, en alusión al PSPV y a Compromís.
Ha dicho que el próximo lunes se reunirá el equipo de gobierno para convocar a la Junta de Portavoces que debe fijar, para un día de esa semana, la celebración del pleno donde se haga efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez, suspendido además de militancia en el PSOE y apartado de sus cargos orgánicos en el PSPV aunque mantiene el acta de concejal en Ontinyent, cuya alcaldía ha cedido temporalmente a una de sus ediles.
Amigó ha señalado que desconoce la situación laboral de los investigados y que le parecen legales los contratos de alta dirección cuya legalidad se investiga.
Sobre si Divalterra tiene que desaparecer, un debate abierto en los últimos días por parte de los partidos políticos, ha insistido en reclamar "cautela" pues en ella trabajan "muchísimas personas" y "hay que preservar siempre los derechos de los trabajadores" de esa empresa pública dedicada al empleo provincial y a la gestión forestal.
"Hay que estudiar la situación", ha añadido para matizar que no solo en Divalterra sino en el resto de entidades de la Diputación y añadir: "Lo que ha pasado en Divalterra no significa que en estos tres años el gobierno haya trabajado mal. Se han hecho cosas buenas y tenemos que mantener los servicios que damos a los pueblos".
