VALÈNCIA (EP). El Grupo Popular de la Diputación de Valencia ha registrado una moción para que el próximo pleno de la corporación muestre un «apoyo expreso» hacia la ampliación del Puerto de Valencia «como elemento estratégico para la economía y competitividad» de la provincia.
Juan Giner –quien también es concejal del Ayuntamiento de Valencia– es el diputado que ha impulsado esta moción en la que se insta al Ministerio de Fomento a «agilizar todos los trámites marcados por la legislación vigente con el fin de iniciar cuanto antes las obras contempladas en el proyecto seleccionado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia».
En el texto de la moción Giner ha recordado que el Puerto de Valencia constituye una infraestructura estratégica para la capital del Turia, ya que es un polo de creación de empleo, riqueza y competitividad que repercute directamente en la sociedad valenciana.
El Puerto de Valencia es en estos momentos líder en el Mediterráneo en tráfico comercial con un movimiento de 5.018.606 de contenedores entre enero y noviembre del pasado, lo que supone un 5,86% más que en el período anterior.
Juan Giner advierte que la posición de liderazgo «debe cuidarse y potenciarse a través de la ejecución de los proyectos necesarios, siendo la ampliación norte del Puerto de Valencia irrenunciable para dar respuesta a la demanda que actualmente tiene el recinto portuario y los retos de futuro que la economía globalizada exige».
El informe de la Universidad Politécnica cifra en 40.000 los empleos generados directa o indirectamente por ValenciaPort. Un beneficio que, ha recordado Giner, «es innegable y podría ser mayor».
La ampliación del Puerto de Valencia supone «una inversión privada de 1.000 millones de euros que generará, sólo en el proceso constructivo, 3.000 puestos de trabajo adicionales y permitirá ampliar la capacidad del recinto en 5 milllones de TEU».
Juan Giner ha destacado que el proyecto de la ampliación norte del Puerto de Valencia siguió «hace más de una década» todos los trámites administrativos necesarios obteniendo una Declaración de Impacto Ambiental favorable dictada en 2007 por un Gobierno sustentado por el PSOE.
Por ello, ha criticado que «las inseguridades y cambios de criterio de las Administraciones autonómica y local generan una inseguridad jurídica que puede poner en peligro dicha inversión» y, a la vez, crear un clima empresarial que «desmotive la confianza en la provincia de Valencia y ahuyente otras inversiones futuras».