VALÈNCIA. Ya en la Fase 2 de la desescalada en la Comunitat Valenciana, comienza a notarse esa 'nueva normalidad' en las calles. Plazas cada vez más llenas de gente, comercios que vuelven a abrir sus puertas (otros que no) y trámites que se retoman. Quien acusa un colapso, más notable del habitual, es la Justicia, que lleva su propio ritmo de desescalada.
Los funcionarios, en Fase 2, deben incorporarse de manera gradual con un mínimo del 45% y un máximo del 60%. ¿Es suficiente para sacar adelante el trabajo acumulado estos meses de confinamiento?
Ana Márquez, presidenta de CSIF Justicia en la provincia de Valencia y presidenta de la junta de personal de la Ciudad de la Justicia de Valencia, asegura en Se van a enterar, el informativo de Plaza Radio, que los juzgados "tardarán al menos un año en ponerse al día" después de la situación generada por la covid-19.
Además, explica que "con esta crisis, los juzgados sociales por ERTE y despidos, los mercantiles con empresas, y contencioso-administrativos a nivel de funcionarios y reclamaciones" son los que más saturación cargan a la espalda a raíz de la pandemia.
En este sentido, reclama que la Conselleria incremente el personal y los recursos destinados a la Justicia "para que se alivie antes" la situación. "Los funcionarios queremos trabajar", proclama, y pide a la Conselleria de Justicia que les tenga en cuenta, tras criticar lo que considera falta de previsión y de medidas de seguridad del departamento que dirige Gabriela Bravo.