VALÈNCIA. "Jamás me he enfrentado a una gestión tan nefasta del posible final de una empresa". Son las duras palabras pronunciadas este miércoles por un representante sindical de CCOO-PV sobre la aguda crisis de iDental, que este miércoles se agravó con el cierre de las clínicas que le quedaban abiertas en la Comunitat, las de València y Alfafar.
Al sindicato no le faltan razones para su enfado. Según detalla, la compañía cesa su actividad en ambos enclaves desahuciada por los dueños de sendos edificios, a quienes se le debían meses alquiler, y además lo hace tras impagar nóminas desde mediados de abril, con cuantiosas deudas con la Seguridad Social y en medio de una guerra sin cuartel entre los accionistas que llegaron hace ocho meses para salvar la empresa.
Y lo peor de todo: suspendiendo los tratamientos de miles de pacientes, la mayoría endeudados para arreglarse la boca. La mercantil, mientras tanto, permaneció este miércoles en silencio. Las únicas explicaciones provinieron del entorno de los actuales gestores, los hermanos José María y Juan Garrido, que insistieron en que se está trabajando para buscar una solución -en forma de un nuevo inversor que aparezca para rescatarla-.
Pero el final para el que se prepara CCOO-PV es mucho más oscuro. "La situación es extremadamente grave. Los trabajadores de València se encontraron este miércoles con un guarda jurado que les impidió el paso, y la información que tenemos es que la empresa ya llevaba un año sin pagar a la propiedad, y que ésta, en consecuencia, acudió al juzgado", explican.
Todo ello en una clínica "a la que habían dejado de servir proveedores, que se encontraba sin gerente, y que debe nóminas a los trabajadores desde mediados de abril". Según CCOO-PV, iDental respondió a esta circunstancia "con el envío de una carta sin personalizar a los trabajadores en la que les informaba de que no debían acudir a su puesto de trabajo". "Ahora mismo están en casa. En teoría conservan su sueldo y su contribución a la Seguridad Social", agregan.
El Alfafar el panorama es muy similar. Los dueños del inmueble también acudieron al juzgado para reclamar los impagos de iDental y solicitar su embargo, del mismo modo que la clínica también sufría el desabastecimiento y el impago a sus empleados.
CCOO-PV lamenta que se encuentra con un escenario de "total incomunicación" por parte de la dirección de la compañía. Considera que "la lógica es negociar la salida de los trabajadores a través de un ERE, otorgar representación sindical donde no haya comité de empresa y negociar un expediente". Además, subraya que debería hacerse "a nivel estatal, porque hay trabajadores afectados de todo el estado". Solo hace un año iDental presumía de haber creado 3.000 puestos de trabajo en dos años de trayectoria...
Pero la solución a este drama laboral por la vía de la negociación con los trabajadores no parece estar entre los objetivos inmediatos de la empresa, centrada en captar un nuevo inversor que inyecte liquidez. Cabe recordar que los actuales propietarios lo son tan solo desde octubre del año pasado, cuando se produjo la adquisición del 100% de las acciones de la compañía por parte de Weston Hill (por un importe de 25 millones de euros), y que en la actualidad reina una guerra sin cuartel entre los inversores que acometieron dicha compra.
Los hermanos Garrido apartaron del poder a Luis Sans tanto en Weston Hill como en iDental, una maniobra que el directivo saliente tildó de "ilegítima" y por la que anunció una demanda contra los Garrido que estos niegan que se haya producido.
Además, Sans, en uno de sus últimos actos de servicio, inició los trámites para la declaración de concurso de acreedores de la compañía, una solicitud de suspensión de pagos que, posteriormente, comunicó a los medios de comunicación y que los Garrido también niegan que haya salido adelante.
Mientras tanto, los pacientes de la compañía tratan de organizarse en defensa de sus derechos. Las plataformas de afectados cuentan sus adhesiones por centenares, cifras que podrían dispararse en los próximos días tras el cierre de las últimas clínicas. Solo en València los clientes activos son alrededor de 20.000, según CCOO-PV.
Este miércoles Facua informaba de que la clausura de las dos clínicas valencianas eleva a 17 las cerradas en toda España por parte de la enseña originaria de Alicante. La cifra ya representa más de la mitad de los centros que la cadena tenía abiertos inicialmente.
Otras clínicas de esta red odontológica que han dejado de funcionar se encuentran en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña.
Según la organización, "a estos cierres se añaden las diversas irregularidades que socios de Facua han señalado en sus reclamaciones, como mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios, la falta de atención adecuada y, en algunos casos, los aplazamientos y las anulaciones de citas". La revista Plaza publicó al respecto un amplio reportaje el pasado mes de noviembre, ahora también disponible para los lectores de este diario.