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Anticorrupción pide al juez que cite a Toni Gaspar como testigo en el 'caso Taula'

Foto: KIKE TABERNER
13/07/2019 - 

VALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción del caso Taula, Pablo Ponce, solicitó esta semana que se cite a declarar como testigo al actual presidente de la Diputación de València, el socialista Toni Gaspar. El Ministerio Público hace esta solicitud dentro de la pieza que investiga un contrato presuntamente amañado a favor de Mariano López, el exsuegro de Marcos Benavent. El motivo de la citación es que, según la UCO, Gaspar fue la persona que le dijo a López que no se podía renovar el contrato con Servimun.

El juez del caso, Víctor Gómez, ha acordado practicar la diligencias de petición de documentación solicitadas por la Fiscalía y decidirá sobre las testificales cuando reciba los papeles, según ordena en una providencia.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Ponce explica que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hizo mención a Gaspar en su último informe y por ello quiere aclarar los términos de la conversación mantenida entre ambos. Un informe en el que los agentes de la UCO estimaban en 200.000 euros el dinero que el exsuegro, su socio, su mujer y su cuñada habrían blanqueado a través de una empresa a nombre del socio, pero en el que los otros tres estaban autorizados en las cuentas bancarias. El fiscal también pide que declaren como testigos a Carlos Martínez y Ana Trenor.

Por otro lado, Ponce amplía la investigación sobre la empresa bajo sospecha y pide que los ayuntamientos de Requena y Enguera entreguen a la Guardia Civil los expedientes de contratación con las empresas Servimun, la misma que fue adjudicataria del contrato bajo sospecha, y Técnicas Legales Administrativas. En el caso del consistorio de Enguera, se le pide además que entregue "la contratación que se refiere a los trabajos realizados para regularizar la situación catastral del camping Teularet en 2015".

Sobre los dos consistorios a los que quiere que se les requiera información, especifica que deben ser el secretario del ayuntamiento y el interventor las personas que envíen un informe donde conste a quién se le dio el contrato, cuánto se pago, en qué cuentas se abonó, qué persona recibió el dinero y cuál fue el mecanismo de pago utilizado por el ayuntamiento. Por último, solicita a Divalterra, antigua Imelsa, un informe en el que se especifique si se realizaron pago extraordinario a Servimun por cursos de formación y las facturas de emitidas por dos trabajadores de una tercera empresa llamada Alfatec.

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