Consuelo Císcar, exdirectora del IVAMVALÈNCIA. (VP/EP) La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la jueza que instruye la investigación sobre la gestión de Consuelo Císcar al frente del IVAM la apertura de juicio contra Císcar por los delitos continuados de malversación y de prevaricación, por lo que le solicita una pena de seis años de prisión, multa de 144.000 euros, así como inhabilitación especial por tiempo de 6 años.
Así consta en el escrito de calificación que la responsable del Ministerio Público ha remitido a la titular del juzgado de Instrucción 21 de Valencia respecto a la pieza separada del caso IVAM que se refiere a la compra de obras del artista Gerardo Rueda pagadas por el museo como originales cuando en realidad se trataba de reproducciones póstumas.
En su escrito de acusación, la fiscal del caso mantiene que "entre los años 2004 a 2011, los acusados Consuelo Ciscar y José Luis Rueda urdieron un plan al margen de la Presidencia y del Consejo Rector del Instituto, consistente en desviar parte de los fondos públicos que recibía el museo (...) en la adquisición de distintas obras de arte como si fueran originales del artista Gerardo Rueda, fallecido el 25 de mayo de 1996, cuando en realidad se trataban de reproducciones póstumas con un valor muy inferior al establecido por el vendedor y abonado por el IVAM".
La decisión de adquirir estas obras, prosigue, "fue tomada por la directora del museo, única responsable de la institución que mantuvo contactos con el vendedor". "La decisión de adquirir estas esculturas estuvo presidida por el ánimo de beneficiar ilícitamente al acusado José Luis Rueda Jiménez, ya que en el momento de la firma de los contratos únicamente los acusados conocían que las obras no habían sido ejecutadas por el artista en vida y que debían ser fundidas bajo la dirección de su heredero", añade.
Además, Anticorrupción pide también que se juzgue por los mismos delitos que a la exdirectora a Juan Carlos Lledó, exdirector económico del IVAM, y al escultor Jose Luis Rueda, hijo del artista Gerardo Rueda, por un delito de malversación. Para el primero, Anticorrupción pide una pena de 5 años, seis meses de cárcel, inhabilitación y multa de 63.000 euros y para el hijo del escultor 5 años de prisión.
Por otro lado, el Ministerio Público reclama a estos tres acusados una indemnización conjunta de 3,4 millones de euros a favor del IVAM en concepto de responsabilidad civil de los delitos presuntamente cometidos.
La fiscal asevera que Ciscar, "pese a conocer esta circunstancia, ocultó la verdadera naturaleza de las obras a la Comisión Asesora de Adquisiciones, así como al Consejo Rector, al que debía dar cuenta de dicha operación". De hecho, "previo a firma del contrato, la directora no informó debidamente al departamento de conservación de la operación de compraventa, evitando la revisión y la elaboración del
preceptivo informe sobre la idoneidad y pertinencia de esta adquisición, así como ocultando la verdadera naturaleza de las obras y si el precio de la oferta se ajustaba al precio de mercado".
Para ejecutar ese "plan", Císcar y Rueda, "con la colaboración del acusado Juan Carlos Lledó", que como director económico administrativo debía dirigir el proceso de contratación de las adquisiciones y exposiciones, habrían iniciado dos expedientes de compra "en los que se omitieron deliberadamente los informes preceptivos".
Pese a que los acusados sabían que las piezas pasaban a formar parte del patrimonio público, acudieron a la contratación privada --mediante un contrato de compraventa con el hijo de Rueda--. Asimismo, la directora del museo "habría omitido de forma intencionada el informe previo justificativo de la idoneidad de adquisición de las obras desde el punto de vista artístico para la colección del museo, así como de la adecuación de su precio al valor de mercado".
El ministerio público asevera que "las 7 obras vendidas y 44 de las 77 donadas no fueron ejecutadas en vida por Gerardo Rueda, que falleció sin dejar instrucciones sobre cuál era su voluntad concreta respecto a su fundición, circunstancia plenamente conocida por los acusados, lo que no impidió que pactasen un precio de adquisición muy superior al correspondiente a la verdadera naturaleza de las obras".
En este sentido, alude en concreto a tres obras adquiridas y fundidas en hierro cromado monumentales, "ampliaciones enormes de originales realizados en vida por el artista en medidas mucho más reducidas sin que este a su fallecimiento dejase bocetos, maquetas, instrucciones o pruebas de artista que permitiesen la reproducción fiel de las mismas".
También se refiere a que Ciscar y José Luis Rueda, "conscientes de que lo que se estaba entregando al IVAM eran copias post mortem que precisaban de su fundición previa, pactaron que fuese el propio Instituto el que se hiciese cargo de la ejecución de las esculturas mediante la contratación" de una fundición sita en Madrid. Así, se suscribió un contrato para la fundición de 44 piezas por el que el IVAM pagó en tres anualidades 512.524.
El goteo de ceses y renuncias dejan un escenario inédito en la Generalitat, que todavía tiene por cubrir dos direcciones adjuntas del IVC, la dirección artística del IVAM y del Centre del Carme o el director musical de Les Arts, entre otras plazas vacantes
