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CASO PALAU

Anticorrupción pide siete años y medio de cárcel para Helga Schimdt

La calificación del fiscal sostiene que la empresa de patrocinios ideada por Schmidt, Noguera Puchol y Maldonado, tenía "un evidente ánimo de lucro", y que la exintendente incumplió la ley con su creación

16/12/2016 - 

VALENCIA, (EP). La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de siete años y medio de prisión para la exintendente del Palau de les Arts Helga Schimdt por malversar fondos en el coliseo que dirigió. También le atribuye un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil.

Así mismo, el fiscal reclama ocho años de prisión para el que fuera director financiero Ernesto Moreno; siete años para el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel para el consejero delegado de esta firma, Joaquín Maldonado; y otros siete años para el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta.

Así consta en la calificación que el fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que ha investigado la externalización de servicios del Palau con pago de sobrecostes que implicaron un perjuicio a las arcas públicas.

El magistrado instructor dio por concluida la investigación el pasado mes de noviembre y dio un plazo de diez días al fiscal para que solicitara el sobreseimiento, la práctica de nuevas diligencias o la apertura de juicio oral.

Una externalización que incumplía la Ley 

En la calificación del fiscal se apunta la aparente contradicción que supuso la creación de la empresa Patrocini de les Arts. Así, se indica que  “al mismo tiempo que a nivel interno en el organigrama del Palau se decidía dotar de mayor relevancia orgánica al Departamento de Patrocinio (…) simultáneamente se adoptaba la decisión de proceder a la externalización de las funciones de captación de patrocinadores a través de la mercantil Patrocini De Les Arts S.A”.

Igualmente, el fiscal sostiene que esta decisión se adoptó por parte de la exintendente “tras la celebración de varias reuniones con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio, con el conocimiento del acusado Ernesto Moreno Murcia”. Tras estas reuniones fue, según el fiscal, cuando se decidió crear una sociedad de naturaleza mercantil para gestionar la captación de patrocinadores, pese a que el Palau de les Arts tenía un departamento que se dedicaba a esta función. 

“De esta sociedad que tenía un evidente ánimo de lucro, pues no era ni una O.N.G. ni una Fundación sin ánimo de lucro, fue consejera la propia acusada Helga Schmidt”, una actuación que para Anticorrupción incumplía la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones Públicas y también de su propio contrato de fecha 1 de abril de 2005.

Durante el tiempo en que Schmidt compatibilizó "de manera ilícita" los cargos de intendente del Palau y consejera de Patrocini, suscribió cinco contratos que supusieron un "evidente beneficio económico" para la sociedad privada, según recoge el fiscal en su escrito provisional.

Sobrecoste 'injustificado' de 248.222 euros

Uno de los más relevantes fue el del evento Viva Europa. Una vez creada la empresa Patrocini, la Fiscalía asegura que Schmidt, "actuando de acuerdo con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio", con ánimo de eludir los controles administrativos realizó contratos con una sociedad mercantil por los que esta percibió de la Fundación 508.040€ en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores. 

El Palau realizó dos transferencias a la sociedad por importe de 300.000 euros y el fiscal entiende que inicialmente se pagó un sobrecoste "carente de toda justificación" de 143.525,50 euros. Sin embargo, entiende que esta cantidad ascendería a 248.222,79 euros por cobrar Viva Europa por gastos que excedían del contrato, como por el registro de dominios web o gastos de registro mercantil, entre otros.

Por Viva Europa 2010 la Fundación pagó también 21.440 euros "carentes de justificación" y por la edición de 2011 se le transfirieron 100.000 euros que provenían de Aguas de Valencia, entidad que financiaba el evento. En total, el ministerio público estima que en este último caso se desviaron 60.000 euros públicos.

En este caso, asegura la acusación pública, "no se siguió en ningún momento los trámites esenciales de la contratación administrativa y, por tanto, se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procedimientos que pretende garantizar la normativa vigente".

Todo ello, asegura la Fiscalía, "aderezado con la flagrancia de que la acusada Helga Schmidt era miembro del Consejo de Administración de la empresa privada que iba a obtener beneficios con los contratos suscritos, vulnerando de manera evidente la prohibición para contratar establecida en la legislación vigente". 

Pablo Broseta alteró presupuestos

Otra de las actividades cuestionadas por el fiscal son los contratos de la Fundación con Radcliffe & Asociados S.L. En total se le adjudicaron trabajos de diseño e impresión de folletos y otras publicaciones, así como realización de una newsletter. La empresa cobró por ello y, sin embargo, no llegó a desarrollar estos trabajos, puesto que los mismos recayeron sobre La Imprenta Comunicación Gráfica S.L.

El fiscal Vicente Torres asegura en su escrito que el acusado Pablo Broseta Dupré alteró los presupuestos presentados para impresión de los folletos "tanto en los conceptos como en el precio con el objeto de obtener un lucro económico injustificado" y justificar el pago de un servicio que no había costado ni por aproximación los importes facturados.

Los trabajos que se dijeron realizados sólo se documentaron con un presupuesto, sin albarán ni nota de entrega, y ascendieron a la suma de 143.592 euros. Pese a ello, los pagos efectuados por el Palau a la empresa fueron mucho mayores. El fiscal entiende que en global no se habría justificado la cantidad abonada de entre 294.419,65 euros y 786.971,65.

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