Mari Carmen García Fúster, exsecretaria del grupo municipal del PP en ValènciaVALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción ha solicitado un año de prórroga para la pieza que investiga el presunto blanqueo de capitales cometido en 2015 por todo el grupo municipal del PP de València Ciudad excepto por cuatro personas, una pieza conocida como la del pitufeo. El motivo principal son determinadas diligencias que todavía no se han practicado.
Según se puede leer en el escrito firmado por el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, el principal motivo de la solicitud es que, "las diligencias de investigación no han concluido, que se encuentran pendientes de practicar diligencias de investigación solicitadas las cuales comprenden documentación que es necesario examinar por si las mismas resultare practicar otras diligencias a la vista de su examen, circunstancia que en el caso de no prorrogarse sería inviable".
Pero, además de las pruebas que todavía quedan por practicar, esta semana llegó al juzgado un informe de la Agencia Tributaria referente a la supuesta empresa que hizo de puente para la financiación en 'B', Laterne Product Council. Una empresa bajo sospecha desde que Valencia Plaza aportara a la Fiscalía Provincial las pruebas que supuestamente demostrarías la financiación en negro del PP de Rita Barberá.
Dicho informe hace referencia a la empresa pública Turismo Valéncia Convention Bureau (TVCB). Según los papeles aportados por este periódico fue una de las empresas que supuestamente pagó con dinero público la campaña de la exalcaldesa.
En el informe se hace referencia a Rosa Lladró, que aparece relacionada con Laterne Product Council. Sin embargo, Lladró explicó en su día a este periódico: "Mi única relación con Laterne fue que el dueño, Vicente Sáez, me contrató para hacer un trabajo. Sin embargo, jamás me pagó ese trabajo. Yo pagué a las personas que subcontraté, pero él a mí no. Nunca ha tenido ninguna relación laboral con Turismo Valencia. Estaré encantada de explicar esto donde sea, porque la que no cobró fui yo".
Fuentes relacionadas con el caso explicaron a este periódico que los investigados no entienden la demora en la instrucción del caso y, de hecho, han formulado varias quejas al respecto. Si acaba tardando un año más en instruirse, el tiempo real desde las primeras detenciones será de casi cuatro años. Un tiempo larguísimo para los investigados, pero relativamente corto si se compara con otros casos de corrupción como Gürtel, que ha tardado una media de nueve años en llegar a juicio.
La investigación sobre el presunto blanqueo de capitales cometido por cerca de 50 personas vinculadas al PP de Rita Barberá, entre ellos nueve de los diez actuales concejales populares, saltó a la palestra el 26 de enero de 2016 cuando un asesor y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, fueron detenidos. A raíz de aquello, la instrucción fue ampliándose como si de una bola de nieve cayendo por una colina se tratara.
Tanto fue así que, finalmente, los delitos se ampliaron a los de financiación irregular y, después de que este periódico entregara unos papeles, terminó siendo imputado el que fuera mano derecha de Barberá y vicealcalde, Alfonso Grau.
