La fiscal ha supeditado los beneficios penitenciarios a la colaboración en el juicio, una frase extrapolable al resto de causas
VALÈNCIA. La sentencia de Fitur ha sido un jarro de agua fría en la última sesión del juicio por el ‘dopaje’ electoral del PP de Francisco Camps en la Audiencia Nacional. Tal y como ha explicado en sucesivas ocasiones Valencia Plaza, los cabecilla de la Gürtel, al estar procesados en diversas piezas del caso Gürtel, reciban las penas que reciban, y sumen éstas los años que sumen, finalmente solo deberá cumplir el triple de la mayor de esas penas.
En el caso de Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa, tras el estacazo del Supremo se verán obligados a cumplir 18 años de prisión cada uno, pues fueron condenado a seis años cada uno por malversación de caudales públicos. Al conocerse la sentencia, la mayoría se han enterado por los periodistas que cubrían el juicio, las caras de alegría que tenían casi todos por las reducciones que ha hecho la Fiscalía, se han tornado en caras de circunstancias que evidenciaban el tamaño del rejonazo recibido.
La primera impresión general ha sido la de pensar que las colaboraciones/confesiones de los cabecillas a partir de ahora pasarán a mejor vida tras el brutal fallo del Alto Tribunal. Pero tras el shock inicial ha vuelto la calma, tensa, pero calma hasta que Pérez ha tomado la última palabra y ha dicho, lleno de indignación: “Sé lo que he hecho, lo que le he dicho mirándola a los ojos señora fiscal. Cuando le interesa me creen y cuando le interesa no me creen. Siento que no creo en la Justicia. No voy a volver a colaborar”. Sin embargo, fuentes cercanas a Pérez han asegurado que habrá que hablar con él y esperar a que se calme.
Pese al cabreo del 'El Bigotes', el resto de procesados se han dado cuenta de una frase de la fiscal Myriam Segura durante sus conclusiones: “su colaboración en este tema se tendrá en cuenta a la hora de los beneficios penitenciarios”. Una frase que parece inocente, pero para nada lo es. Anticorrupción no da puntada sin hilo. En este caso, se podría decir que más que una alabanza al procesado era una advertencia. La frase tiene dos lecturas. La primera, la anteriormente mencionada alabanza. La segunda, la advertencia de que tras ser condenado en firme por el caso Fitur, más le vale seguir colaborando si quiere obtener cualquier tipo de permiso.
En cualquier otra jurisdicción dentro del derecho penal, daría igual lo que desde la Fiscalía especializada dijeran porque los encargados de revisar las peticiones de los reos que cumplen condena son los fiscales de Vigilancia Penitenciaria, pero en los casos de corrupción ello no es así. En estos casos son los propios fiscales de la Fiscalía Anticorrupción son sus miembros los que informan sobre los condenados en esta materia.
Así, con una frase tan simple como “su colaboración en este tema se tendrá en cuenta a la hora de los beneficios penitenciarios”, la representante del Ministerio Público le está diciendo veladamente, o no tan veladamente, que más les vale seguir ayudando en las piezas que quedan por llegar a juicio, como la de la visita del Papa o los contratos menores con la Generalitat, o lo más probable es que no vean las calles en muchísimos años.
Y, obviamente, esa misma frase es aplicable al resto de la cúpula de Gürtel, sobre todo en el caso de Álvaro Pérez, pues así como Crespo y Correa van camino de los cinco entre rejas, divididos en dos periodos, la preventiva de la instrucción tras las detenciones por un lado, y la que llevan cumplida desde que les fuera notificada la sentencia de Fitur por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez lleva tan solo un año y dos meses y le quedan muchos años hasta que pueda solicitar cualquier tipo de beneficio. Y la Fiscalía ha sido clara, o siguen colaborando o ni agua.
Pero pese a todo, la pelota está ahora en el tejado de ‘don vito’ y sus colaboradores. Solo ellos pueden decidir si quieren seguir prestando su ayuda en el esclarecimiento del resto de piezas que quedan por juzgar en Gürtel o, por el contrario, si el revés recibido tras conocer la sentencia del Supremo les lleva a cerrarse en banda y dejar de colaborar. Sus primeras salidas de prisión dependerán de la decisión que tomen al respecto durante los próximos meses. Los capítulos uno y dos del culebrón han llegado a su fin, pero todavía queda mucha serie por delante.
En el caso de Pérez, su enfado ha llegado a tal extremo que ha llegado a decir: “rezo para que más pronto que tarde todo esto llegue a un tribunal de derechos humanos que no se deje amedrentar. Ese día saldré de Valdemoro mirando a los ojos y los que me han hecho todo esto seguirán sentados en su sitio, pero si me dan fuerza y vida intentaré acabar con sus carreras”.
Pero más allá de lo anteriormente mencionado esta sentencia supone un antes y un después dentro del caso Gürtel. Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han validado tanto la instrucción realizada por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como por el TSJCV, las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (EDEF) de la Policía Nacional, las grabaciones de José Luis Peñas a los cabecillas de la trama que sirvieron de base a la investigación, así como las penas ejemplares impuestas por el tribunal valenciano.
Esta validación supondrá allanar el camino a futuras condenas, pues se da por bueno todo lo que se refiere a las investigaciones y tramitación de la causa, lo que implica una piedra en el camino para las defensas, pues por mucho que traten de plantear esas mismas cuestiones previas en las piezas que quedan, los magistrados les cortarán a la frase de “eso es causa juzgada, se declara improcedente”.
Y además, supone el segundo ingreso en prisión de un miembro del Consell de Francisco Camps tras el del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, el de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez que entrará en la cárcel en los próximos días. Aunque esta sentencia no es la primera condena de miembros del Consell, hay que recordar que en la causa de los trajes, de la que Costa y Camps fueron absueltos, el ex vicepresidente del Gobierno Valenciano ya fue condenado por cohecho pasivo impropio tras llegar a un pacto con la Fiscalía.