VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidió que su declaración como imputado dentro del caso Valmor fuera pública, que la prensa pudiera entrar para evitar que después se distorsionara lo que hubiera dicho. La magistrada del caso todavía no ha respondido al escrito del expresidente, se espera que lo haga la semana que viene. La que sí que ha enviado la contestación a la petición de Camps es la Fiscalía Anticorrupción que se niega a que en la declaración de Francisco Camps puedan entrar más personas que las que forman parte del proceso penal que se investiga.
La única oportunidad que le queda a Camps para poder llevar a cabo su particular ‘show’ es que la magistrada del caso vea algún resquicio legal al que poder agarrarse para darle la razón, pero eso es poco probable. El problema para la petición del expresidente valenciano es que las actuaciones en instrucción son siempre secretas sin necesidad de que se decrete el secreto de sumario.
¿Qué quiere decir esto? Pues que las declaraciones de testigos e investigados deben hacerse siempre a puerta cerrada, con el único acceso de las partes interesadas. Si bien es cierto que una vez acabadas, sí se puede informar sobre en la parte en que la ley lo permite, lo que dejaría la puerta abierta a que Camps o su letrado puedan incluso hacer una rueda de prensa para volver a contar lo ocurrido en sede judicial.
Francisco Camps declarará como investigado en fecha aún por determinar, tras el aplazamiento de la declaración prevista el próximo 24 de enero porque está imputado como presunto autor de los delitos de malversación y prevaricación dentro del conocido como caso Valmor que investiga el pufo de más de 23 millones de euros de la Fórmula 1 en Valencia.
El caso Valmor se investiga en dos piezas separadas. En la primera pieza se centran en las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se instruye la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.
Pero la investigación del pufo de la Fórmula 1 surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a los que ahora hay que añadir los nombres de Reyero y Figueras.
La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".