César Augusto Tauroni, a la salida de la Ciudad de la Justicia. Foto: KIKE TABERNEREl empresario asegura que no declaró al no acudir el fiscal, "porque han encontrado algo muy grave"
VALÈNCIA. No todo vale para llegar a un acuerdo, y más cuando se trata de un caso de malversación del dinero destinado al tercer mundo. El fiscal Anticorrupción que investiga el caso Cooperación (o caso Blasco), no acudió este martes a la declaración prevista del empresario condenado por una de las piezas de este caso César Augusto Tauroni, quien presuntamente iba a confesar sobre las dos piezas que quedan pendientes.
A la salida de la no declaración, la frase que se escuchó en la puerta de la Ciudad de la Justicia fue "se ha acogido a su derecho a no declarar porque el fiscal no ha venido", dejando entrever que Tauroni habría 'cantado' de asistir el representante del Ministerio Público.
Nada más lejos de la realidad, el fiscal no acudió a la declaración porque Tauroni, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, no iba a 'cantar' nada que no estuviera ya acreditado en la investigación. Eso sí, sus maniobras le han proporcionado un permiso carcelario pese a que se está investigando por qué tenía un ordenador en la cárcel y, obviamente, qué hizo con él. Un permiso del que no ha disfrutado el exconseller Rafael Blasco.
La Fiscalía, así como la Policía, tienen muy claro qué quieren de Tauroni. Sin embargo, el empresario ha estado jugando al gato y al ratón durante meses con, según las fuentes, "ahora voy y confieso, ahora no". Hasta tal punto han llegado sus tretas, que la Fiscalía Anticorrupción ha dicho basta y dentro del derecho que les ampara y por el que no están obligados a comparecer, no se prestentó a la declaración. Además, nuevas pruebas podrían acabar de hundir al entramado corrupto.
La versión que el empresario dio por la tarde a Valencia Plaza es totalmente diferente. Según sus propias palabras, "no se ha roto la negociación. No he declarado porque no ha venido el fiscal, y éste no ha venido porque han encontrado algo muy grave, algo colateral, que no nos afecta, y nos han aconsejado que se posponga la declaración".
"Tenemos claro que hay que pagar la responsabilidad civil. Soy una persona seria, la primera vez que se pospuso fue porque lo pidió mi abogado, pero yo le pedí declarar otra vez porque cumplo mi palabra", apostilló. Tauroni explicó que el lunes acudió a la Fiscalía. "Nos dijeron que ya quedaríamos. Hay algo muy serio y hasta que no se averigüe no declararé, pero lo haré. Colaboraré hasta el máximo", aseguró.
Según ha podido saber este periódico, al parecer sí que han aparecido nuevas pruebas pero, y al contrario de lo que dice el empresario, sí que están directamente relacionadas con la causa de Cooperación y, por tanto, con él.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que hay una treintena de imputados, entre ellos, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco. En estas dos piezas se investigan subvenciones a ONG y la proyección de la construcción de un hospital en Haití.
El empresario encarcelado, de permiso estos días, ya pidió declarar a finales de febrero tras varias negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja de la pena, pero un día antes de acudir al juzgado solicitó suspender su comparecencia.
Tras este paréntesis y transcurridos unos días, el empresario volvió a iniciar conversaciones con el fiscal y reclamó una nueva comparecencia, que se fijó para la tarde de este martes, aunque en esta ocasión, tampoco se ha llevado a cabo su comparecencia al acogerse a su derecho a no declarar porque la Fiscalía no acepta sus condiciones.
La pieza separada número dos de este procedimiento investiga subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011. Hay 23 investigados, entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares, la exsecretaria general Tina Sanjuán y el empresario César Augusto Tauroni. Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número tres investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití. Hay 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
Blasco y su equipo ya fueron condenados en la pieza principal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión, y Tauroni, a seis.
